El titular de la Secretaría de Gobernación, Mario Alberto Montero Serrano, salió este lunes en defensa del gobernador Mario Marín asegurando que su comportamiento ha estado apegado a Derecho y no violenta el Código Federal de Procedimientos e Instituciones Electorales (Cofipe).
El responsable de la política interior en la entidad fue entrevistado ayer al final de la reunión habitual del gabinete de seguridad. Los reporteros le preguntaron su opinión sobre las presuntas investigaciones que el Instituto Federal Electoral (IFE) había iniciado por el uso de recursos públicos para publicitar la imagen del mandatario estatal.
Montero contestó: “yo creo que el tema de la ley y su interpretación es algo delicado. Yo creo que a los encargados de esto les aconsejaría revisarlo muy bien”.
Se le cuestionó entonces al servidor público si consideraba que había una mala interpretación de parte de las autoridades comiciales, a lo que reviró: “creo que tienen que revisarlo, se los dejo de tarea”.
En esa lógica enfatizó que los consejeros electorales deben tener claro lo que es una actividad institucional, como la que puede realizar un gobernante o un funcionario público, de un acto de proselitismo como el que pueden desarrollar candidatos o aspirantes a postulaciones.
Sobre el tema de seguridad pública, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) informó que durante el mes de diciembre de 2008 personal de la Fiscalía Especializada en Asuntos Indígenas visitó distintos centros de readaptación social de la entidad, actividad mediante la cual fueron atendidos 136 hombres y mujeres indígenas que hablan lenguas como náhuatl, totonaco, xinanteco y zotzil.
Esta labor se efectuó en las cárceles ubicadas en los distritos judiciales de Libres, Tlatlauquitepec, Zacatlán y San Pedro Cholula, donde se verificó el estado actual que guarda el proceso penal que corresponde a cada una de estas personas.
Entre los beneficios que se brindan a través de estas acciones, abundó la dependencia, resaltan casos de personas que actualmente están bajo proceso penal y tienen derecho a la libertad bajo caución, así como algunos sentenciados que cuentan con el derecho a la conmutación de la pena, quienes solicitaron apoyo para cubrir dicho pago.
En estos casos la PGJ gira los oficios respectivos a instituciones como la Comisión Estatal de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas (CEDIPI), a la Procuraduría del Ciudadano (PC), e inclusive a la Dirección de Participación Social de la PGJ para que se entregue la ayuda que requieren los indígenas.
