A fin de evitar que los partidos políticos nacionales repartan despensas en las campañas y precampañas electorales, la Comisión de Gobernación podría dictaminar en el próximo periodo ordinario la iniciativa que reforma el inciso u) del artículo 38 y adicionar un inciso v) al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, adelantó el diputado federal Guillermo Velásquez.
Expuso que el manejo discrecional de los programas de desarrollo social y el reparto de despensas como maniobras electoreras y de compra del voto no han sido suficientemente desestimulados con la reciente reforma electoral. El diputado advirtió que “la necesidad es un foco de injusticia que debe ser resuelta antes que prostituirla. El reparto de despensas es una ofensa social en un México con enormes contrastes sociales y profunda marginación”.
Agregó que en lugar de lucrar con las demandas de la población se requieren mecanismos que resuelvan sus necesidades. “La Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos reportó que en nuestro país se desperdician 20 mil toneladas diarias de alimentos que podrían servir a 14.4 millones de mexicanos que viven en pobreza alimentaria”.
Subrayó que las prácticas corporativistas, la movilización, compra de votos, voluntades y conciencias “no desaparecen aun, y por el contrario, siguen intensificándose. Los reclamos de la sociedad, que cada día se siente menos motivada para participar en los procesos de construcción de la ciudadanía, de gobierno y leyes, fueron retomados en la reforma electoral”.
“El dispendio en anuncios promocionales y los costos de las campañas ya fueron abordados, con lo que se espera que la sociedad comience a sentirse desagraviada y recobre el ánimo de participar en la toma de decisiones políticas para elegir su destino”, acotó. Sin embargo, resaltó, “tanto el manejo discrecional de los programas de desarrollo social y el reparto de despensas como maniobras electoreras y de compra del voto no son, hasta el momento, suficientemente anuladas. La ofensa social, en un México con enormes contrastes sociales y profunda marginación, es de gran alcance”.
No es ocurrencia, dijo, la leyenda que dispone el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social: “este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos del desarrollo social”, enfatizó. El diputado afirmó que el desvío de la ayuda para socorrer a las personas en desgracia como consecuencia de desastres naturales y con mucha necesidad tampoco cesan.
Destacó que en estados donde se registraron desastres naturales y en donde la población se vio afectada considerablemente, se reportaron “grandes escándalos por haberse encontrado bodegas con despensas, cuya entrega tenía fines electoreros; y en esto continúan involucrados todos los partido político”. Es momento de dejar, sostuvo, que la canasta básica resulte un indicador económico y “luchemos por abatir la desigualdad. Saquemos la mano de la necesidad y retiremos las despensas de las campañas electorales”.
La reforma propuesta, dijo, establece que es obligación de los partidos políticos nacionales abstenerse de repartir despensas en las campañas y precampañas para efectos de propaganda electoral.
En tanto, Manuel Zárate, catedrático especialista en temas electorales, reiteró que “la compra y coacción del voto sigue estando vigente en los comicios de México; no obstante, es difícil medir el impacto sobre la intención de sufragio del ciudadano, y por lo tanto sobre el resultado electoral. Si bien una de cada siete personas puede mencionar haberse enterado de amenazas relacionadas con quitar los beneficios de algún programa social, o que les ofrecieron un bien a cambio de favorecer a un determinado partido, esto parece no haber influido muchas veces en el resultado final”.
Entrevistado por este diario, aseguró que los tres partidos principales (Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática) recurren a esta práctica en casi las mismas proporciones. “No olvidemos que casi fue unánime la respuesta de la población de que pudieron votar en secreto y por lo tanto marcar al partido de su preferencia en absoluta libertad”.
La compra y la coacción del voto, insistió el catedrático, son todavía un fenómeno muy significativo en México, “y que como todos sabemos está basado en una cultura autoritaria, en un abuso de poder y en una desigualdad económica. El problema es mucho más agudo en zonas donde la población es más vulnerable debido a su pobreza, a la subordinación a caciques o jefes políticos con capacidad para determinar el bienestar de personas o comunidades”.
La dependencia de un amplio sector de la población de la seguridad social que brinda el gobierno, finalizó, propicia la compra abierta, la coacción, la presión, la influencia carente de ética por parte de gobiernos o líderes políticos. “Este es un problema que afecta la calidad y la naturaleza de la democracia mexicana y hasta que esa situación haya sido extirpada, podremos hablar de una democracia plenamente desarrollada”.
