El comisionado estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Fidencio Romero Tobón, apuntó que las autoridades locales se verán rebasadas durante los primeros meses del año, pues el éxodo de migrantes indígenas, que regresan de EU a Puebla desde el pasado mes de noviembre, provocará una falta de servicios públicos y un “crecimiento importante” en el índice de desempleo en la entidad.
Por ello, consideró que la entidad poblana necesita la aplicación de un programa “más eficaz” para la construcción de obra pública en las comunidades rurales de Puebla, a fin de dar trabajo, temporal a los connacionales: “Actualmente hay 600 mil indígenas en el estado, y en los últimos meses han retornado más de 200 mil indígenas. Ahora veremos cuántos de ellos se quedan en sus comunidades y cuántos regresarán, pero para esa, el gobierno deberá estar preparado”, acotó.
Romero Tobón destacó que los efectos de la crisis económica que impera en la Unión Americana –y que ha afectado los mercados internacionales– impactarán en las comunidades poblanas a principios de enero, cuando los flujos de remesas comiencen su disminución:
“La mayoría llega como se fue. Lo poco que llega a ahorrar está en su pueblo, porque muchos construyeron casa, pero ya se están regresando con poco dinero, y lo que ahora envían es la mitad de las remesas que se recibían anteriormente”, explicó el comisionado estatal, al ubicar a la entidad poblana como la cuarta a nivel nacional con mayor población indígena, tan sólo después de Oaxaca, Chiapas y Veracruz.
Al respecto, la presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso local, Josefina García Hernández, aseguró que la entidad poblana podrá gozar de una ley en materia indígena en menos de un año a fin de brindar autodeterminación y autonomía a las comunidades, sin perder de vista la división territorial y las formas de gobierno existentes.
La legisladora del PRI refirió que Puebla registra “grandes avances” en este rubro, pues hasta el momento se están aplicando diferentes acciones y políticas sociales, “pero el problema es que no tenemos el fundamento legal. Se puede decir que primero hacemos las cosas y después le buscamos encajarla a la ley, cuando en otros estados es al revés y caen en el problema de que no aplican lo que dijeron”, afirmó.
García Hernández justificó que si las pasadas legislaturas no realizaron una ley estatal en la materia se debe a la falta de compromiso político con este sector de la sociedad, que incluye a 548 mil habitantes indígenas, repartidos en 130 municipios poblanos, entre ellos Hueytlalpan, Ahuacatlán, Huehuetla, Cuetzalan y Puebla.
Según la legisladora, del total –548 mil 723 indígenas– en la entidad, 397 mil 207 pertenecen al grupo de los nahuas, 97 mil 64 son totonacos, 14 mil 688 son popolocas, hay 11 mil 892 mazatecos, 8 mil 225 otomíes, 6 mil 694 mixtecos y por último, 311 tepehuas, los que representan el grupo con la mayor peligro de extinción, en cuanto a costumbres.
