Después de cien días de firmado el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, tenemos la oportunidad de compartir las siguientes reflexiones acerca de la importancia de consolidar alianzas entre las fuerzas políticas y sociales más allá del discurso y de los actos protocolarios.
Durante décadas, vivimos bajo un régimen de partido hegemónico, que hizo innecesaria la búsqueda de consensos para la toma de decisiones. En la actualidad, la existencia, cada vez más recurrente, de gobiernos divididos, obliga a impulsar un modelo consensual que incluya a las mayorías y minorías políticas, pero también a las sociales.
Bajo esa perspectiva, los legisladores deben ser impulsores de un gran acuerdo democrático que nos permita enfrentar los grandes problemas que nos vulneran. En este acuerdo deben converger la visión del futuro posible y los escenarios establecidos, reafirmando su capacidad política para sintetizar las mejores aspiraciones de las fuerzas nacionales y estatales, en leyes que sustenten firmemente el desarrollo social.
Su actuación debe basarse en la aceptación del principio del imperio de la ley, según el cual la legalidad no se negocia, dejando sin validez los acuerdos al margen de la ley; en el establecimiento de reglas claras de interlocución entre los propios legisladores y los otros poderes del Estado, y los diferentes niveles de gobierno, impulsando el derecho de réplica y de sustentar las posiciones de los diversos actores con argumentos políticos, económicos y sociales válidos.
El no condicionar un acuerdo a la satisfacción previa de una determinada demanda, es decir, no entorpecer ni manipular una decisión con prebendas.
En el Congreso debe existir un pleno ejercicio de la argumentación y la disertación, puesto que la sociedad guiada por razones, sin imposiciones arbitrarias, será más participativa y podrá recuperar la credibilidad y la confianza en sus instituciones, y de esta manera podremos alcanzar las metas y objetivos de todos los acuerdos que construyamos.
