Una muestra clara del deterioro social que se vive en San Martín Texmelucan como consecuencia de que el Partido Nueva Alianza (Panal) gobierna ese municipio, es que desde hace varias semanas quienes se encargan del control sanitario de las sexoservidoras es un veterinario y un personaje que se hace pasar por enfermero.
Y eso ocurre no por falta de personal, ya que hace unos días se tomó en el cabildo la decisión arbitraria, irracional, tonta, de despedir al doctor Juan de Dios Quiroz, quien era el director de Salud del ayuntamiento. Este galeno se había distinguido por llevar un estricto control de meretrices y como resultado de ello, detectó varios casos de VIH y de cáncer cervicouterino entre la comunidad de mujeres dedicadas a la prostitución.
Todavía más absurdo resulta saber que quien promovió que el doctor Juan de Dios Quiroz fuera rescindido –bajo el argumento de que también se dedica a la medicina privada– fue la regidora del Panal, Guadalupe Reyes Rocha, quien es la presidente de la Comisión de Salud del cabildo, pero que no sabe nada en la materia ya que antes de ser representante social se desempeñaba como secretaria en un plantel del Conalep.
Y aclaro, no considero oprobioso que alguien se dedique a la actividad secretarial, es un trabajo digno como todos; sino lo reprobable es que una persona que no sabe nada en materia de salud sea la encargada de dictar las políticas públicas en ese ámbito y ponga a un veterinario a llevar el control sanitario del municipio. En una época caracterizada por al pandemia del sida.
Estos hechos son resultados de dos factores: de la ignorancia y de la corrupción. Sobre todo del segundo componente, ya que varios regidores que le hacen la vida imposible al alcalde Noé Peñaloza –quien llegó al poder bajo las siglas del Panal– han buscado con esa actitud obligar al edil que les del control de los comercios de giros negros.
Pues hasta en las revisiones de las prostitutas se esconde un negocio, ya que cada mujer debe pagar unos 200 pesos a la semana para que sea revisada.
¿Cuánto deja eso? Pues tan sólo en la salida de la carretera federal que va de San Martín Texmelucan a Tlaxcala existen 8 establecimientos, en donde laboran regularmente unas 150 sexoservidoras. Eso da por resultado que estas féminas aportan unos 120 mil pesos mensuales –un millón 400 mil pesos al año– por someterse a la revisión médica de cada semana.
El problema no solamente se reduce a que el director de Salud haya sido sustituido por un veterinario y otra persona que dice ser enfermero, pero de quien nadie ha visto de certificado que lo acredite como tal, y que alguien se esté aprovechando de los cobros por las revisiones sanitarias, sino también abarca otro aspecto, que es el de los derechos humanos.
La Constitución de este país otorga los mismos derechos a todos los ciudadanos, sin importar que alguien se dedique a vender su cuerpo.
Las revisiones que se venían haciendo bajo la supervisión del doctor Juan de Dios Quiroz se realizaban bajo estrictas medidas de control, que iban desde la confidencialidad del resultado de la auscultación, las técnicas empleadas y el trato a las mujeres que se someten al examen.
Todas las meretrices que eran revisadas por Quiroz les pedían colocarse en una posición de examen ginecológico.
Ahora, se sabe que no se tiene ese cuidado. Se obliga a las mujeres a colocarse en la posición llamada popularmente “de perrito” y sin el menor cuidado, les introducen los dedos en sus genitales. Es decir, son vejadas. Las tratan como si estuvieran examinando a un animal.
Una mujer por ser sexoservidora no tiene que ser discriminada ni maltratada, y por tanto, cuando se le someta a una revisión médica se le debe de practicar el examen con profesionalismo, respeto y discreción.
Pero todo eso no se entiende en el gobierno local de San Martín Texmelucan, en donde priva la anarquía como resultado de que el alcalde Noé Peñaloza nadie le hace caso y varios de los regidores están dedicados a todo, menos a buscar que funcione el ayuntamiento de esa comunidad.
Los engaños de Gerardo Mejía
Gerardo Mejía cuando era funcionario de la Secretaría de Gobernación se le encargó la compra de tierras para el proyecto de La Célula y se caracterizó por engañar a los labriegos que vendieron sus parcelas. Nunca acabaron de recibir los beneficios ofrecidos. Ahora este personaje es regidor de la Comuna de Puebla y tal parece que sigue timando a la gente.
Ayer Gerardo Mejía fue echado de la colonia popular llamada San Miguel, que se ubica cerca del penal. Esa reacción se debió a que descubrieron un intento de fraude de este integrante del cabildo poblano.
Resulta que los habitantes de esa parte de la ciudad de Puebla desde hace mucho están pidiendo la construcción de un puente. Mejía se comprometió a atender esa demanda. La gente creyó que la obra se haría con recursos del ayuntamiento de la capital.
El caso es que hace unos días se presentaron unas máquinas para iniciar el trabajo, pero no las enviaba la Comuna, sino aparentemente el gobierno del estado. Con sorpresa los vecinos se fueron percatando que no había proyecto para la obra, que el material destinado para el puente eran unos tubos de drenaje y que el presupuesto era de apenas 35 mil pesos, la cual es una cifra ridícula. Es decir, que les iban a dar una construcción improvisada.
Eso causó el enojo de quienes tramitaron el puente y le reclamaron a Mejía, quien se comprometió que este jueves habría proyecto, presupuesto y materiales.
No fue así. Ayer con las mismas máquinas se quiso reanudar la obra y no había proyecto, presupuesto ni buenos materiales y Mejía quiso hacer acto de presencia para justificarse. La respuesta fue la más lógica: lo corrieron y lo amenazaron que si regresa lo van a aventar al canal de aguas negras.
Con estas actitudes Gerardo Mejía está dañando la imagen de la edil Blanca Alcalá y de Javier López Zavala, ya que el regidor pertenece al grupo político del secretario de la Sedeso.
¿O no será que es un infiltrado del PAN?
