La decisión del Senado de la República de declarar al día 2 de octubre como de luto nacional en conmemoración a la matanza de estudiantes perpetrada por el Estado mexicano en 1968 exhibe a los regidores del PRI y el PAN del ayuntamiento de Puebla como “retrógradas”, así como defensores de un genocida como lo fue Gustavo Díaz Ordaz, presidente de la República en ese año y responsable del ataque.
Así lo señaló el representante de la Brigada 68, Armando Domínguez Márquez, quien agregó que tras la decisión de los legisladores, la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla debe emitir una recomendación a la Comuna por haber violado las garantías individuales de un grupo de ciudadanos, cuando el cabildo poblano se negó a retirar el nombre del ex mandatario de un bulevar ubicado en las inmediaciones de Plaza Dorada.
Las modificaciones legales para declarar esa fecha como de “duelo nacional” fueron aprobadas el martes pasado, por lo que cada año ese día se izará la bandera a media asta en escuelas y edificios públicos, así como en las sedes de las representaciones diplomáticas y consulares de México, de acuerdo con la información difundida ayer en La Jornada.
“En el dictamen elaborado por las comisiones de Gobernación –que preside el priista Jesús Murillo Karam– y de Estudios Legislativos –encabezada por el panista Ricardo García Cervantes–, a la iniciativa que presentó el senador perredista Pablo Gómez el 19 de abril de 2007, destacan que ‘se trata de un reconocimiento histórico trascendente por parte del Estado mexicano de su responsabilidad en una acción brutal de ejercicio desmesurado de su fuerza represiva, durante un régimen político cerrado al respeto de las libertades ciudadanas’”, cita parte de la nota publicada en la edición nacional de este diario.
Entrevistado sobre el tema, Domínguez Márquez afirmó que lo anterior es una decisión histórica y sin precedentes que debe tener repercusión en el municipio de Puebla y en el resto del país. En el caso de la capital del estado, mantiene vigente la exigencia de que el gobierno de la ciudad haga cumplir los acuerdos internacionales firmados y ratificados por México para erradicar las prácticas genocidas y borrar de la memoria histórica a quienes han sido culpados de masacres a la población civil.
Apoyo priista desde la CDH
Sin embargo, la actual estructura priista mantiene vigente el legado de Díaz Ordaz, originario de Ciudad Serdán, Puebla, aseveró el activista, y puso como ejemplo el apoyo que brinda la Comisión de Derechos Humanos del estado (CDH) al priismo local, en el proceso que abrió la Brigada 68 contra el ayuntamiento de Puebla por violaciones a las garantías individuales al rechazar el cambio de nombre del bulevar.
La primera irregularidad detectada por la brigada, que tuvo claros tintes partidistas fue el nombramiento de Concepción Contreras Bretón, segunda visitadora de la CDH, como encargada de atender la queja contra la Comuna ya que guarda una añeja amistad con el coordinador de los regidores priistas en el cabildo, René Sánchez Juárez, uno de los principales opositores a retirar el nombre de Díaz Ordaz de la vía pública.
Contreras Bretón y Sánchez Juárez fueron diputados por el PRI en la 50 Legislatura local, entre 1987 y 1990; el año pasado, Contreras Bretón fue secretaria de Elecciones del Comité Directivo Estatal del PRI en Puebla. Durante una diligencia del caso, en octubre pasado, Contreras no pudo ocultar su entusiasmo al encontrarse con su excompañero de bancada y recordó a los presentes, incluidos los quejosos, sus andanzas políticas en el Congreso del estado con Sánchez Juárez.
Pruebas a destiempo
Tras ese hecho, la Brigada presentó un recurso ante la CDH, el cual fue aceptado por la titular del organismo, Maritza Bullen Navarro, quien quitó el cargo a Contreras y lo entregó al primer visitador, Alejandro Necoechea Gómez.
Sin embargo, la Brigada 68 detectó una nueva irregularidad que favorece a la Comuna: mientras estuvo Contreras al frente del caso, admitió las pruebas que entregaron los regidores priistas en su descargo, a pesar de que ya había concluido el periodo para presentar alegatos a favor y en contra.
Las presuntas pruebas con las que el ayuntamiento pretende convencer a la CDH de que actúo “con apego a la legalidad” son varias horas de grabaciones magnetofónicas en las que los regidores priistas deliberan y fundamentan su decisión de rechazar el cambio de nombre al bulevar.
De acuerdo con fuentes confiables de la sala de regidores de la Comuna, las sesiones de discusión sobre ese tema nunca fueron grabadas, como tampoco lo son el resto de las sesiones de todas las comisiones del Cabildo.
A la fecha, la CDH no ha respondido a la Brigada 68 la petición de saber cuándo fueron admitidas esas grabaciones, además de que se ha negado a informar sobre el contenido de las mismas. “De continuar con esa actitud, la Comisión de Derechos Humanos sólo logrará lo que otros organismos: la total incredulidad y el desprestigio. Nos resulta difícil entender que después de todos los documentos que presentamos, la CDH no reconozca que hace 40 años ocurrió en México el acto más atroz de su historia contemporánea”, finalizó Domínguez Márquez.
