La confrontación permanente que existe entre el PAN y el ayuntamiento priista de Atlixco ha desembocado en la disputa por el control de un canal de televisión. Ambas partes están dispuestas a invertir todo el dinero que sea posible, con tal de quedarse con ese medio de comunicación, el cual es visto como un espacio clave para los comicios del próximo año.
En esta disputa parecen estar midiendo fuerzas el edil priista de Atlixco, Eleazar Pérez Sánchez, y el legislador panista Guillermo Velázquez, quien fue coordinador de la bancada albiazul de Puebla en San Lázaro y en el asunto de dicho canal de televisión, al parecer es respaldado por el senador Rafael Moreno Valle Rosas.
La pelea se ha dado en torno al canal 12 de la empresa Cablecom –que tiene sede en Pachuca, Hidalgo–, el cual lleva por eslogan “El canal de casa” y que llega actualmente, a unos 17 mil suscriptores de Atlixco, 24 mil de Izúcar de Matamoros y alrededor de 5 mil hogares de las comunidades de Atencingo y Chietla.
Es decir, tiene una cobertura nada despreciable y que resulta ser muy apetitosa para cualquier fuerza política.
Dicha disputa se centra en que tanto unos como otros lo que quieren es, tener el control total del canal, que la contraparte no tenga acceso a los contenidos, de este medio que hace seis años a nadie interesaba, hasta que la empresa Cablecom alcanzó un crecimiento importante en la región como resultado de que es la única empresa que provee el servicio de televisión por cable.
El pleito ha llegado a tal extremo, que los directivos de Cablecom el viernes pasado debían decidir a quien le daban el control del canal, si al PRI o el PAN, pero mejor optaron que en el corto plazo no se va a dar espacios a ningún político, ni habrá noticieros o programas de polémica. Por lo menos, así estarán las cosas hasta enero del próximo año, fecha en que se reanudará la señal de dicho medio de comunicación electrónico.
La confrontación surgió cuando el empresario local Jaime Da Silva le dieron el manejo del canal 12 y entonces creó el noticiero Visión 10, el cual era encabezado por Héctor Estrada, un periodista que estaba desempleado luego de que había sido el director de comunicación social de los cuatro ayuntamientos panistas que ha habido en Atlixco.
El noticiero en un principio tenía una clara inclinación editorial a favor del PAN y eso no gustó a los dueños de Cablecom. Entonces Héctor Estrada dio un giro de 180 grados y empezó a tener un espacio plural, en donde también daba cabida a los priistas y el gobierno local.
Sin embargo eso no satisfacía al edil Eleazar Pérez y su principal asesor político, Adrián Rodríguez. El segundo de ellos hace unos meses fue removido como conductor del principal noticiero de la única estación de radio de Atlixco, la cual es propiedad de la compañía 5 Radio, la cual cedió a las presiones de empresarios de extracción panista que amenazaron con realizar un boicot publicitario si no sacaban del aire al comunicador.
Se dice que Eleazar Pérez Sánchez y Adrián Rodríguez se quejaron ante los concesionarios de Cablecom en contra del noticiero de Héctor Estrada, del que decían que no era plural y únicamente era utilizado para atacar al ayuntamiento.
También se comenta que los argumentos de los priistas pesaron porque ofrecieron un convenio de publicidad de por lo menos 50 mil pesos mensuales, que es una cantidad muy alta de dinero para un medio de comunicación local.
Como resultado de la intervención del edil, el 18 de octubre pasado, se dejó de transmitir el programa de Héctor Estrada.
Esa decisión que tomó el empresario Jaime Da Silva fue vista en Atlixco, sobre todo entre los panistas, como un acto de censura provocado por el ayuntamiento. Esa suspicacia se generó porque no hubo una explicación satisfactoria de la salida de Estrada. Solamente apareció una leyenda que decía que el noticiero estaba “en remodelación”.
Días después de las festividades del día de muertos, apareció Adrián Rodríguez al aire en el canal en cuestión, con un programa especial sobre un desfile de calaveras que organizó el ayuntamiento.
Además se conoció que Rodríguez encabezaría un programa de reporte de quejas ciudadanas, mismas que serían atendidas directamente por Eleazar Pérez.
Mientras que en internet circularon correos de supuestos priistas que se congraciaban de la censura a Héctor Estrada.
Todo estaba listo para que Rodríguez se quedara con el espacio, pero esa posibilidad se vio frustrada debido a que el diputado Guillermo Velázquez fue a Cablecom a ofrecer una cantidad mayor de dinero, a la ofrecida por los priistas, para que a él se le quedara el control del canal 12.
Los directivos de la empresa en un principio cedieron al ofrecimiento del albiazul y por eso se canceló el programa de Adrián Rodríguez, además de que días después se suspendió la señal de todo el canal.
Se dice que Velázquez –quien es hermano del ex edil panista Felipe Velázquez– demostró su fuerza no solamente desde el punto de vista económico, sino habría presionado por medio de contactos en el gobierno federal.
Posteriormente trascendió que en las semanas siguientes cada una de las partes ofreció más dinero. Es decir, había una puja.
Las cosas fueron creciendo a tal grado, que la empresa decidió, por el momento, no tomar partido ni por el PRI ni por el PAN.
Pero eso es sólo una pausa a un conflicto que al parecer se prolongará hasta principio del próximo año.
Desde que llegó a gobernar a Huauchinango el constructor de origen sinaloense Rogelio López Angulo la seguridad pública en ese municipio se ha deteriorado de manera considerable, sobre todo por la presencia del crimen organizado, el aumento de secuestros y ejecuciones. El edil frente a este problema actúa con indiferencia y de manera inexplicable sostiene a toda costa al director de Seguridad Pública, Ofir Picazo Garrido, pese a los malos resultados que ha ofrecido en su área y que es un funcionario cuestionado por ignorarse qué méritos tuvo para llegar al puesto que ostenta.
Si el edil tuviera interés en mejorar la seguridad pública y sacar adelante a la gris administración que encabeza, los hechos violentos del fin de semana –en los que un grupo de Zetas se enfrentó con agentes de la Policía Municipal– deberían ser suficientes para remover a Ofir Picazo, al existir evidencia de que su corporación nunca supo coordinarse con la Policía Judicial y la Policía Federal Preventiva (PFP).
Una fuente confiable de la Policía Judicial relató que el enfrentamiento entre Zetas y agentes municipales –que dejó un saldo de dos muertos y cinco lesionados– se produjo a la 1:40 de la madrugada del viernes y que el llamado de que interviniera la corporación estatal se dio luego de las 2:10 horas del mismo día. Cuando los agentes de la Procuraduría General de Justicia llegaron al lugar de los hechos, ya todo había terminado y nada pudieron hacer. De igual manera se sabe que hubo un aviso tardío a la PFP.
Es claro que un grupo de agentes de cualquier policía municipal del estado no tiene la capacidad de enfrentar al brazo armado del Cártel del Golfo, que utiliza rifles Ak 47 y R 15, pero por lo menos deberían saber como llamar a los cuerpos que deben intervenir en estos asuntos. En Huauchinango no se sabe si por ineptitud o complicidad no se notificó a tiempo a las instancias que correspondía la presencia de un grupo de Zetas.
Más allá de la ineficacia de Ofir Picazo, lo cuestionable es la actitud del alcalde Rogelio López Angulo que prácticamente se muestra con absoluta frivolidad a lo acontecido, tal como lo hace hacia quienes critican su administración, que es catalogada como una de las peores en el conjunto de gobiernos priistas.
El enfrentamiento del viernes es el peor hecho de violencia de los últimos meses en Huauchinango y eso obligaba a que el alcalde diera una explicación de lo ocurrido. Sin embargo se ausentó de la única rueda de prensa que se ofreció para narrar lo acontecido. Ni siquiera el director de Comunicación Social, Josafat García Serrano, se presentó a la conferencia.
Al parecer por obligación el edil se presentó al sepelio del policía muerto en el enfrentamiento para ofrecer el discurso convencional que se da en esos actos, de que se va a reforzar la seguridad pública. Después confesó a un grupo de reporteros que no tiene recursos económicos para mejorar el desempeño de la Policía Municipal. Es decir, no va a hacer nada para que mejoren las cosas en Huauchinango.
Lo que pasó el fin de semana no debe verse como algo menor o circunstancial, ya que Huauchinango es uno de los municipios más vulnerables frente al crimen organizado, por estar cerca de una de las principales rutas que utilizan Los Zetas –asentados en Veracruz– para el trasiego de enervantes y de armas de fuego.
Pero al parecer Rogelio López Angulo no entiende lo grave de esa situación o se muestra complaciente a la presencia de una de las bandas más sanguinarias de México. Aunque dice que le preocupa la inseguridad, no se notan acciones decididas para mejorar las condiciones y eso no solamente pasa en el tema de la delincuencia, sino en todos los ámbitos de ingerencia de la Comuna de Huauchinango.
Es decir, Rogelio López Angulo es un presidente municipal indolente.
Ofir Picazo Garrido es el segundo funcionario mejor pagado en la Comuna de Huauchinango y cuando llegó al puesto, se le dio el control de la Policía Municipal, de la Dirección de Tránsito, del área de Protección Civil y de Bomberos. Lo que no pasó con sus antecesores. Es decir, se le dio amplias facultades para controlar todo el ámbito de la seguridad pública.
Antes de Ofir había un director para cada una de esas áreas. Con el actual funcionario todo se concentra en una cabeza.
Cuando llegó al puesto no se dio a conocer sus antecedentes. Una versión señala que fue integrante de la Interpol, otros comentan que estuvo en la Agencia Federal de Investigación o que era uno de los mandos más destacados de la Policía Judicial.
No hay elementos para dudar que este personaje haya pasado por alguna de esas corporaciones. Sin embargo, lo que nadie ha podido aclarar es una parte fundamental, que es:
¿Por qué salió de alguna de esas instancias y se fue a un municipio donde se sabe que hay un mal salario? Nadie del ayuntamiento sabe responder a esa pregunta. Y esa parte es clave, pues si algo está pasando en todo el país es que no se controla la recontratación de malos policías.
Desde que Ofir Picazo está en el puesto ha aumentado el número de policías que en lugar de ofrecer vigilancia a toda la comunidad, son asignados para custodiar casas de bolsa, bancos y empresas privadas. Visto de otra manera, los agentes que se pagan con fondos del erario se utilizan para fines particulares.
Una de las medidas que tomó Ofir recién que llegó al puesto y que se mantiene a la fecha, es que no se ofrecen partes públicos de los acontecimientos delictivos y no se dan a conocer estadísticas de la incidencia delictiva en el municipio.
Es decir, domina la opacidad en toda el área de seguridad pública. Algo muy grave ante el aumento de secuestros, asesinatos y presencia de narcotraficantes.
Pero todo eso parece que no le quita el sueño al edil Rogelio López Angulo que se cree dueño del municipio que gobierna y que nadie lo puede criticar.
Las razones oscuras de Convergencia
Ayer el dirigente estatal del Partido Convergencia, José Juan Espinosa Torres, acusó al titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Javier López Zavala, de usar fondos públicos para promocionarse como precandidato del PRI a la gubernatura.
Horas después de esas declaraciones el líder nacional de Convergencia, Luis Maldonado, llamó a José Juan Espinosa. Se dice que fue para recriminarle sus declaraciones públicas, las cuales no estaban acompañadas de pruebas y ni siquiera hay la intención de presentarla a las instancias legales que corresponde.
Maldonado actuó de esa manera debido a que recibió una comunicación que le señaló que el motivo de esa denuncia obedecpia a que miembros de Convergencia habrían pedido dinero en la Sedeso y como no les dieron, entonces decidieron desquitarse contra el titular de dicha dependencia.
Al final, a la gente de Convergencia le salió el tiro por la culata.
