Hoy el gobernador deberá informar, no sólo a quienes firmaron el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, sino a toda la sociedad tlaxcalteca, el avance que llevan los compromisos en esta materia, sobre todo aquellos puntos que se determinó serían cumplidos en los primeros 100 días, entre otros:
La inclusión en la propuesta de presupuesto de egresos de 2009 que presentó al Congreso local de reasignar recursos y partidas para fortalecer y hacer más eficiente los sistemas de seguridad y procuración de justicia, acompañado de reglas de operación y procedimientos eficaces y transparentes.
Así también, ya debieron de haberse creado los indicadores de medición del desempeño de las instituciones policiales y de procuración de justicia, esto en concordancia con la propuesta nacional y la participación de instancias ciudadanas.
También debe presentarse, cuando menos el 50 por ciento de avance en la aplicación de exámenes al subsecretario de Seguridad Pública y a todos los comandantes e integrantes de las unidades antisecuestros que operan dentro de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Haberse creado las unidades básicas para la evaluación y control de confianza, rediseñado los mecanismos de selección y capacitación de los elementos de las instituciones policiales y de procuración de justicia, así como de los propios mandos.
A más de haber presentado al Congreso local una iniciativa de Ley de Seguridad Pública Estatal, en congruencia con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que apruebe el Congreso de la Unión.
Del cumplimiento de estos compromisos se deriva la confianza que la ciudadanía preste o retire a sus gobernantes, sobre todo porque el tema de la inseguridad se ha convertido en la principal preocupación de la población, junto con el empleo.
