El gobierno del estado dispuso ayer de al menos media centena de agentes de las policías Metropolitana y Estatal Preventiva para vigilar una manifestación de no más de 30 campesinos de Azumiatla en Casa Aguayo, que exigían la indemnización de las casas que les fueron destruidas en días pasados y que no se les expropien terrenos. Algunos uniformados repelieron a empellones a tres mujeres que intentaron ingresar a la sede del Poder Ejecutivo.
La presencia policiaca fue a todas luces desmesurada, ya que además del contingente de efectivos –que portaba equipo antimotines– se colocaron vallas metálicas para cerrar el paso a cualquier manifestación en las dos calles laterales al edificio oficial.
Los agraviados están afiliados a una organización denominada “Colectivo de Madres Solteras de la Unión Campesina”, que representa el líder perredista Mario Vélez Merino.
Un trío de madres, acompañado de sus vástagos, pretendió acceder a Casa Aguayo, pero recibió empellones y jaloneos de parte de los uniformados.
Según la explicación que Mario Vélez ha dado a los medios informativos en Azumiatla es que 30 familias fueron desalojadas, sin orden judicial, de sus viviendas –ubicadas en un perímetro de 156 hectáreas, aproximadamente–; las moradas fueron reducidas a añicos por maquinaria pesada antes de que los labriegos pudieran defenderse. El argumento que se les dio después del atropello es que los terrenos donde estaban asentados sus hogares pertenecen a otra persona.
El pasado 17 de noviembre, en una rueda de prensa, representantes de 30 familias de ejidatarios de Azumiatla presentaron los títulos de propiedad de los terrenos en los que el gobierno del estado intenta construir un megaproyecto turístico a través del saneamiento de la presa de Valsequillo y convertir a esta zona en uno de los centros turísticos más importantes del país, según relataron los campesinos.
Indicaron que muchos de los títulos entregados a los pobladores fueron certificados por el Mario Marín, que entonces fungía como presidente municipal de la ciudad de Puebla.
Por ello, señalaron que el desalojo en el que participó el subsecretario de Gobernación, Francisco Gil Díaz, fue hecho de manera ilegal y con abuso de poder, debido a que poseen las escrituras de los predios.
Los pobladores acusaron al gobierno estatal de beneficiar con el despojo de terrenos a Martín Tomé, empresario que construirá el conjunto de desarrollo que denuncian los pobladores de esta junta auxiliar ubicada cerca de la presa de Valsequillo.
El proyecto de Valsequillo, tal como está planteado en el resumen ejecutivo elaborado en mayo de 2004 por el equipo del gobernador Marín Torres, tendrá un costo de 8 mil 323 millones de pesos y abarcará una superficie de 10 mil 481 hectáreas.
Los agraviados dicen tener las escrituras que los avalan como legítimos propietarios de las tierras en cuestión. La próxima semana le presentarán a la Secretaría de Gobernación esa documentación.
