La extracción de agua en Coronango para abastecer desarrollos inmobiliarios de Cuautlancingo provocó que se desatara la violencia ayer en el primer municipio, cuando un grupo de vecinos fue reprimido por la Policía Comunal, que les roció gas lacrimógeno y además los privó ilegalmente de su libertad en las instalaciones del palacio municipal.
Desde la mañana, un grupo de pobladores inconformes con el desempeño del edil panista, Salvador Coyotecatl Xochimitl se manifestaó afuera de la sede de la alcaldía, denunciando que la perforación de pozos para llevar agua a Cuautlancingo estaba afectando a la población, amén de que el presidente y varios miembros de su administración, como el contralor Zenón Juárez estaban incurriendo en actos de corrupción.
Otra acusación contra el edil es que no ha realizado obras públicas de impacto para la comunidad.
Los quejosos demandaron entablar un diálogo directo con las autoridades del municipio e integraron una comisión de 10 representantes. Cuando éstos se encontraban en el edificio sede de al Comuna, arribaron los uniformados, quienes a empujones los echaron al suelo y les diseminaron gas lacrimógeno.
Luego, los gendarmes replegaron a los representantes vecinales y cerraron las puertas del inmueble, resguardándolo.
Los hechos, atestiguados por decenas, enardecieron a los militantes. Algunos corrieron para hacer sonar las campanas del pueblo y en poco tiempo se congregó en la plaza principal un grupo no menor a tres centenas de personas, según relataron los testigos. Los ánimos estaban a punto de desbordarse: algunos de los quejosos poncharon las llantas de las patrullas de la Comuna que estaban estacionadas en el zócalo.
Funcionarios que estaban dentro de la presidencia municipal solicitaron ayuda y arribaron a Coronango patrullas de San Andrés Cholula con piquetes de policías de ese municipio. Eso enojó aún más a la gente, que consideró el desplazamiento como una intromisión de un gobierno ajeno en asuntos locales.
Algunos vecinos amenazaron con no permitir que los servidores públicos que estaban dentro de la presidencia municipal, salieran hasta que no se liberara a los integrantes de al comisión. Otros pobladores llamaron a varios medios de comunicación de la capital estatal, por lo que en algunos minutos también llegaron al lugar del conflicto poco más de una docena de informadores, la mayoría fotoperiodistas.
Pasadas las 14:30 horas, los ánimos se calmaron. Hubo una negociación directa, en una mesa de trabajo, entre los representantes de los vecinos y de la presidencia municipal, en la que se acordó que el gobierno de Salvador Coyotecatl dejaría el recinto y que éste sería clausurado.
Al filo de las 15 horas, los integrantes de la comisión fueron liberados y también salieron los empleados del ayuntamiento, a quienes los inconformes abuchearon y ofendieron gritándoles: “¡ladrones!, “¡rateros!”, ¡”hijos de puta!”.
Polarización
Pare ese momento al lugar también se habían apersonado simpatizantes de Coyotecatl Xochimitl, quienes hicieron las veces de escoltas de los servidores públicos que eran repudiados. El reportero y camarógrafo de televisión siguieron a los empleados en busca de una versión oficial, pues hasta ese momento ninguna autoridad del municipio había dado la cara.
En una calle los periodistas lograron dar alcance a los empleados, pero en lugar de éstos hablaron ciudadanos que apoyan al edil. Por principio de cuentas acusaron a los medios de información de estar del lado de los detractores del presidente municipal, pero cuando los periodistas les explicaron que su trabajo era neutral, denunciaron que la violencia era resultado de militantes del PRI y el Partido de la Revolución Democrática que han manipulado a la población a fin de obtener beneficios para sus partidos.
“Se quejan de que el presidente municipal no ha hecho nada, pero la verdad es que no lo han dejado hacer nada. Desde que entró nomás le han puesto piedras en el zapato; son los perredistas y los priistas los que quieren hacer política de esto, pero ellos deben darse cuenta que este problema del agua ya viene de otros presidentes anteriores”, expresó una campesina a los reporteros.
Más vecinos se estaban expresando a favor del munícipe, cuando apareció otra labriega y los increpó: “¡ustedes mienten, defienden al presidente municipal que es un ratero!”. La mujer se hizo de palabras con los apologistas de Coyotecatl Xochimitl y estuvieron a punto de liarse a golpes, pues de las ofensas políticas pasaron a los agravios personales.
Autoridad sin papeles
No había en ese momento ningún oficial o autoridad que hiciera entrar en razón a los pobladores. Todos estaban concentrados en la comandancia de la Policía Municipal, donde representantes del grupo inconforme, el juez de paz y los altos mandos de la fuerza pública discutían sobre la entrega del inmueble, el armamento y las patrullas.
Los policías se negaban a ceder su armamento, argumentando que no podían dejar en manos de civiles la seguridad pública del municipio, a menos que algún representante de la Secretaría de Gobernación estatal.
“Ahorita ustedes dicen que están para cuidar el orden, pero hace rato entraron a golpear a las señoras y les echaron gas cuando entraron de manera pacífica y sin alterar el orden. ¿Esa es la seguridad que ustedes nos dan?”, reprochó una de las representantes de los vecinos.
Los quejosos entonces solicitaron al delegado de la dependencia encargada de la política interior en ese Coronango, Francisco Cortés Vázquez, que diera fe de los hechos, pero éste no fue reconocido por los gendarmes porque no llevaba una identificación oficial que acreditara su puesto.
Cortés Vázquez hizo un par de llamadas e instó a las partes a que se firmara el acuerdo, pero los uniformados no aceptaron y al final, acordaron con los quejosos que ellos seguirían en funciones, aunque el palacio municipal fue cerrado. En los hechos, la intermediación del delegado de la Secretaría de Gobernación no sirvió, pero demoró las negociaciones de solución.
Cerca de las 16 horas llegaron a Coronango visitadores de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla, por una solicitud que hizo Fernando Cuéllar Muñoz, presidente del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Joel Arriaga Navarro, que ha dado seguimiento al conflicto por el agua y otros recursos naturales en ese municipio desde hace dos años.
El activista consideró que el detonante del enojo ayer en Coronango –ubicado a no más de 20 kilómetros de la ciudad de Puebla– se debió a la impericia y falta de oficio de Salvador Coyotecatl Xochimitl, quien desde el principio de su administración no supo conciliar con los intereses de los diversos grupos que hay en su localidad.
Empero, Cuéllar aseveró que el conflicto de fondo es la explotación arbitraria del agua por parte de las inmobiliarias, las cuales imponen a los ayuntamientos de la región los planes de desarrollo urbano.
Agregó que el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos “Joel Arriaga Navarro” entregó documentos al gobierno estatal que advertían sobre la problemática del líquido y vaticinó que habrá más poblaciones que se inconformarán por la exracción arbitraria de su agua para abastecer otros territorios.
Opinó que por la agresión a los policías municipales de Coronango se les podrían fincar responsabilidades por los delitos de abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad y otros.
Cuéllar Muñoz dijo que el problema del agua no es responsabilidad exclusiva del edil Salvador Coyotecatl Xochimitl, si no también del ex presidente municipal de Coronango y actual diputado local por el PRI, Avelino Toxqui Toxqui, porque durante su gestión también se autorizaron usos poco claros de pozos y hubo especulaciones con la tierra.
Una comisión de vecinos de Coronango se trasladará hoy a la ciudad de Puebla para solicitar la intervención del Congreso local y de la Secretaría de Gobernación a su favor.
