Campesinos de la región de Libres acusaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal (SCT) de actuar como defensora de Obrascón Huarte Laín S.A (OHL), empresa que se ha negado a hacer el pago de daños y perjuicios que les ocasionó por la construcción de la autopista Amozoc–Perote, la cual dividió el terreno donde tienen asentadas sus viviendas de las tierras en las que cultivan piñón.
Durante aproximadamente tres años, los labriegos de San Pedro Hidalgo, ejido La Cañada, ubicado en el municipio poblano de Libres, han buscado por diferentes medios hacer que OHL les haga efectiva la liquidación que sería de no menos de 30 millones de pesos, por lo que en estos días emitirán un comunicado al Área de Colaboración, Enlaces y Solidaridad de los diputados del parlamento español afiliados a Izquierda Unida, exponiéndoles la problemática.
El objetivo, explicó Ariel Manelic García, representante legal de los campesinos, es que la trasnacional ibérica sea presionada en su nación y, eventualmente, sujeta a sanciones, si prosigue en su resistencia a no pagar, pues el marco legal español hace posible la vigilancia y reconvención de las compañías que tienen comportamientos anómalos, abusivos o francamente ilegales en América Latina.
Los agricultores también emprenderán una red de apoyo apelando a la solidaridad de organizaciones no gubernamentales especializadas en la defensa de los derechos civiles y políticos.
Esos son los recursos políticos y legales que tienen pensados quienes hasta ahora encabezan el movimiento en San Pedro Hidalgo, hombres maduros y prudentes. Sin embargo, actos de mayor severidad y hasta violentos podrían convertirse en vías para desahogar el enojo de la gente en La Cañada, según advirtieron, pues los integrantes más jóvenes del núcleo agrario increpan constantemente a los líderes actuales, reprochándoles que sus métodos no están teniendo la efectividad deseada.
“Hay muchachos en el ejido a los que les hierve la cabeza y que quieren irle a cobrar a la empresa como sea”, apuntó García.
Por esa razón, los dirigentes del movimiento que demandan justicia explicaron que privilegian la negociación política como salida al conflicto. La vía legal, la ganarían, aunque demoraría más tiempo y esa tardanza podría ser una razón más para los ejidatarios jóvenes que están dispuestos a tomar medidas más drásticas.
La semana pasada, vecinos de La Resurrección, junta auxiliar de la capital poblana, expulsaron con palos y piedras a trabajadores de OHL que incursionaron en sus terrenos para hacer mediciones a fin de construir el arco norte del Periférico. Los labriegos amenazaron con recibir violentamente a cualquier emisario de la empresa o el gobierno estatal que regresara.
Apenas el 28 de octubre pasado, el director del Organismo Operador de Carreteras de Cuota Puebla, Rómulo Arredondo Gutiérrez, presumió que estaba concluida la carretera Amozoc–Perote, en su tramo Cuapiaxtla–Libres, con lo que se reduciría el recorrido entre la capital del estado y Teziutlán a una hora con 10 minutos, cuando anteriormente el tiempo de recorrido era de hasta tres horas y media.
El funcionario no habló en esa ocasión de que el organismo a su cargo iba a mediar –junto con la Secretaría de Gobernación estatal y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal–, entre los representantes de San Pedro Hidalgo y Obrascón Huarte Laín, porque la autopista dividió en dos partes los terrenos de aquellos –localizados entre los kilómetros 53 a 57–, lo que ha impedido que realicen con efectividad las cosechas en los últimos años.
Los ejidatarios de La Cañada explicaron, en una entrevista con La Jornada de Oriente, que el camino más fácil supone un rodeo que añade dos horas a su jornada laboral diaria, amén de que los campesinos que son dueños de los terrenos en los que se ubica dicha vereda les han advertido que no les permitirán usarla más.
OHL se ha negado a liquidar pretextando que la obra la realizó la empresa Ghana y que no hubo perjuicios para la comunidad de más de 700 integrantes porque, durante las obras, no se les impidió el paso a sus lotes y que, en todo caso, pueden utilizar las vías complementarias que se hicieron para el tránsito de las personas que fueron afectadas por la autopista.
En uno y otro caso, el consorcio miente, aseguró Ariel Manelic García, porque durante la edificación de la carretera el camino por el que podían pasar hacia sus terrenos era intransitable, pues había zanjas de varios metros de profundidad imposibles de sortear a pie o en vehículo y las vías alternas están en terrenos cuyos dueños se niegan a compartirlos.
El jueves de la semana pasada, los labriegos tenían una reunión con la gente del gobierno y aparecieron también empleados de Ghana que se deslindaron de la problemática. García dijo que los primeros exhibieron su ignorancia del problema y de las leyes que amparan a los damnificados y que en todo caso, oficialmente Obrascón Huarte Laín es la encargada de la obra, no obstante que haya subcontratado a Ghana, por lo que debe responder por las afectaciones.
