Tal parece que mientras que los movimientos de rechazo a la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) mantienen un receso “estratégico” en varias de las entidades en la que emergieran, en otras no, motivado por el cobro del aguinaldo y de las prestaciones de fin de año, en el estado de Puebla, dirigentes de los trabajadores de la educación inconformes con la ACE radicalizan sus declaraciones y amenazan con incurrir en errores que a sus homólogos de Morelos ahora les cuesta caro. Y aunque al ver las barbas de sus vecinos mojar no ponen las suyas a remojar y aún así y a pesar de los pesares, radicalizan su protesta con la amenaza de abandonar las aulas sin importarles violentar derechos superiores de los alumnos sin tomar en consideración que madres y padres de familia de otras localidades impidan la reincorporación de algunos mentores a las escuelas y plazas en las que se desempeñaban con antelación al movimiento y que las autoridades educativas inicien un procedimiento administrativo con el fin de suspender las relaciones laborales con un centenar de activistas magisteriales y que funcionarios en el ámbito judicial, persigan de oficio acciones constitutivas presuntamente de delitos del fuero común y del fuero federal
Atrás quedaron las declaraciones inteligentes mediante las que dirigentes magisteriales disidentes de la ACE señalaban que el movimiento democrático expresaba su interés, palabras más palabras menos, por defender al mismo tiempo que sus aspiraciones económicas y políticas, la educación de niñas, niños y preadolescentes bajo su tutela sin descuidar sus actividades docentes para dar paso a posturas fundamentalistas que incluyen, sin miramiento por el daño que puedan causar y las consecuencias que pudiesen arrastrar, la suspensión de labores en los centros de trabajo.
Pero aunque justificadas unas y otras francamente temerarias, las últimas declaraciones de los profes parecen hechas no por dirigentes gremiales sino por provocadores profesionales que pretendieran, así parece, buscar el encono de la sociedad en contra de un movimiento que buscara justificadamente en sus orígenes y al menos aparentemente, sacudirse el yugo bajo el que se encuentran sometidos por Elba Esther Gordillo y caminar rumbo a la conquista de la democracia sindical de su gremio.
Oponerse, sin mayores argumentos a un programa aparentemente progresista que busca por lo menos en la retórica, una mejora de la calidad deficiente que caracteriza al sistema educativo mexicano y al producto del trabajo del más de un millón 750 mil trabajadores de la educación al servicio del Estado, con acciones violentas, sin razón y al margen del derecho justifica a sus detractores y los evidencia sin más, ante aquellos que son, sumados al resto de la sociedad, el pueblo soberano, del que también forman parte quienes elijen manifestarse con métodos antidemocráticos para lograr sus propósitos sin reparar que ellos existen y subsisten como trabajadores de la educación, por que los demás los sostienen a través de las instituciones de gobierno, con los impuestos que producto de su trabajo, entregan a la administración pública por mandato de la Constitución Política.
Pretender legitimar el usufructo de por vida y heredar y/o traficar con una plaza de trabajo resultante una encomienda otorgada en última instancia por voluntad del pueblo es, a pesar de los errores y horrores cometidos por los legisladores locales y nacionales que elevaron a norma reglamentaria las prestaciones derivadas de los usos y las costumbres que privan en el sector, un acto similar al de aceptar como un derecho natural, el cobro de la mordida de comisiones a cargo de policías, agentes de tránsito, burócratas mayores y menores, considerar normal el tráfico de influencias y el tráfico de drogas, el agandalle como forma de vida a la que recurren tirios y troyanos y otros vicios y defectos más que caracterizan la idiosincrasia de amplios sectores de la sociedad mexicana.
Pretender que la fuerza pública les garantice la permanencia en los centros de trabajo que abandonaron, con o sin razón, durante casi 100 días o más para luego señalar a soto voce que la usada en su contra para refrendar que otros mexicanos, mayores en número que el que ellos representan, hagan uso de sus garantías individuales y de sus derechos sociales, es un acto represivo es francamente risible.
Rechazar la participación y la gestión de madres y padres de familia en los centros escolares cuando ellos deben reglamentariamente ejercer una contraloría social en las escuelas, so pretexto de evitar una privatización de la educación mediante las aportaciones que ya de suyo realizan es negar con palabras que mediante ordenamientos menores se legitima la aportación, en monetario y en especie, que realizan los pater familia, a pesar de violentar la gratuidad de la educación establecida en la fracción cuarta del artículo 3 de la Constitución Política con cantidades de efectivo que ellos mismos utilizan, por lo menos desde 1981 en el que se publica el reglamento de asociaciones de padres de familia, para mantenimiento de los edificios escolares, obras en ocasiones mayores y tradicionalmente las menores, el sostén de las supervisiones y jefaturas de sector, viáticos del director de las escuelas y hasta porque no, para pagar los convivios de los maestros.
Cuestionar la mejora de los procesos educativos, aunque provengan de las autoridades sindicales y gubernamentales y no generar realmente estrategias, planes y programas para enaltecer su trabajo en las aulas. Privilegiar los derechos adquiridos sobre la capacidad, El ir sólo a pasar el tiempo a sus centros de trabajo dedicados a la grilla por encima de labor docente en no tomar en consideración que evaluaciones oficiales de por medio o no, la sociedad siempre se encuentra pendiente de los resultados que los profes obtienen y que se patentizan en lo que niñas, niños y jóvenes saben hacer para mejorar su proyecto de vida.
Si, como rezan algunas mantas en edificios de escuelas de la capital del Estado, Si a la calidad de la educación, aunque con argumentos rechacen la ACE y expresen que quieren a Elba Esther fuera de su gremio, pero reconociendo que su labor se debe a la confianza que les deposita la sociedad y que a ella deben responder. Con instrumentos o sin ellos, la gente, el pueblo, siempre ha calificado a los maestros y regularmente los epítetos son contrarios a sus pretensiones.
