Las megalópolis suelen registrar tasas altas de inseguridad: robos, violaciones, homicidios, lesiones y secuestros; pero no sólo ellas, las ciudades fronterizas son escenarios de excesos de violencia e impunidad y, de ineficiencia y corrupción de los cuerpos policíacos. El Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad, A.C., en su encuesta nacional aplicada en el año 2005, registra la magnitud del drama: de cada 100 ciudadanos, 20 han sido víctimas, en algún momento de su vida, de alguno de los delitos mencionados y sólo cuatro de ellos presentaron denuncias ante la agencia del Ministerio Público (http://www.icesi.org.mx/estadisticas/estadisticas.asp). La desconfianza en las instituciones encargadas de impartir justicia explican el bajo número de actas levantadas ante las agencias correspondientes; cualquier estrategia para afrontar al crimen organizado exige una depuración de las instituciones policíacas y la observancia de otros valores y principios que normen su acción.
Suplir las cuerpos policiacos por los castrenses para enfrentar al crimen organizado es una acción que reditúa buenos dividendos, no para los que las víctimas, sino para quien pretende legitimarse a través de esas acciones. El ejército es de las pocas instituciones que tiene credibilidad entre la ciudadanía; entre los años 2004 y 2008, Consulta Mitofsky aplicó cinco encuestas nacionales sobre la inseguridad en México, la valoración fue en escala del uno al 10, como en la escuela, el resultado fue de 7.8 en promedio para el Ejército y 5.6 puntos para la Policía (http://75.125.231.234/ Estudio.aspx?Estudio=confianza–instituciones). De nuestra parte, entre los años de 1999 y 2003 aplicamos seis encuestas telefónicas a ciudadanos radicados en el municipio de Puebla y que disponen de teléfono fijo en sus viviendas; la pregunta fue sobre la capacidad de las instituciones para lograr el efecto deseado o esperado (eficiencia) y el 50 por ciento de los ciudadanos consideró que el Ejército si contribuyó eficazmente en tanto que los que dijeron lo mismo de la Policía fue el 29 por ciento; entre los año de 2004 y 2008 realizamos ocho encuestas de similares características; en esta ocasión la pregunta fue sobre confianza en términos de mucha, algo, poco o nada y la respuesta fue que el 60 por ciento de los ciudadanos confía mucho o algo en el Ejército en tanto que en la Policía esa respuesta fue del 31 por ciento. Una pregunta alterna que aplicamos en tres cuestionarios durante los años de 2005 a 2007 fue sobre credibilidad en los sujetos: en el caso de los militares, le cree el 37 por ciento de los ciudadanos y a los Policías, el 22 por ciento. Los castrenses podrán tener poca credibilidad, pero comparados con la Policía, son solventes.
La respuesta inducida sobre quien debe encabezar la lucha contra el narcotráfico favorece al Ejército, no por que se crea en su honestidad y eficiencia, sino por que se conoce la deshonestidad y ineficacia de la Policía; la confrontación entre narcos y milicianos favorece a los primeros y la solución para reformar las instituciones de seguridad es la prevención del delito más que el castigo o su combate; la ciudadanía del municipio de Puebla no considera que la violencia se resuelva con más violencia, pero no descarta una penalización más severa para los delincuentes. Si de los ciudadanos dependería combatir a la delincuencia, harían acciones simultáneas en varios frentes: capacitarían a la Policía, mejorarían sus prestaciones, aumentarían la vigilancia y erradicarían a los corruptos; generarían fuentes de empleos que ofrecieran salarios dignos; aumentarían el presupuesto en educación e impondrían mayores sanciones a los delincuentes. La percepción sobre la inseguridad se refleja en la valoración que los ciudadanos del municipio de Puebla hacen en una escala del uno al 10: la inseguridad es calificada como problema grave con 8.2 puntos, la corrupción del gobierno es valorada con 8.2 y la calificación otorgada a Felipe Calderón Hinojosa es de 6.3 en su lucha contra el crimen organizado. Si el gobierno federal no establece la estrategia para afrontar a los delincuentes y no delimita corresponsabilidades de ese nivel y de los niveles estatales y municipales, difícilmente se pueden generar los consensos en una lucha callejera: es condición sine qua non que la impunidad y la corrupción dejen de ser los principios que guían la acción pública.
