Según datos del Centro de Estudios de Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), a nivel nacional Tlaxcala se ubica en el puesto 31 en mortalidad de menores de 5 años de edad, el 30 en tasa neta de cobertura en preescolar y en el 28 en mortalidad femenina por cirrosis hepática.
Además, reporta que el 33.8 por ciento de los alumnos de primero de primaria presenta desnutrición, el 26.4 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza alimentaria y que el 62.59 por ciento de la población ocupada no gana más de dos salarios mínimos.
Estas cifras, si bien nos refieren que aún existen asignaturas pendientes y nos muestra el rostro de la marginación y la desigualdad, también nos comprometen y obligan a trabajar de manera conjunta sociedad y gobierno, para mejorar la calidad de vida de todos los tlaxcaltecas por igual.
Son muchas las tareas y los frentes a cubrir, pero por dónde empezar. Y aquí la convergencia de dos derechos fundamentales que pueden darnos pie a la búsqueda de soluciones y a la concreción de acciones viables y de impacto social positivo.
Estos derechos son: el acceso a la información y al desarrollo.
Y es que los beneficios adquiridos cuando el gobierno en sus tres niveles, y las autoridades todas, se deciden a transparentar sus acciones pueden fortalecer nuestra ya tan devaluada confianza en las instituciones, pero tan necesaria para superar rezagos, atraer mayores inversiones, impulsar la competitividad y el crecimiento económico.
Además, a nivel municipal, puede convertirse en motor para mejorar la captación de impuestos, pues sin necesidad de vernos obligados los pagaríamos, al traducirse éstos, por ejemplo, en la lámpara de nuestras calles, en mejores y profesionales cuerpos de seguridad pública, en un servicio médico con calidad y calidez, una educación pertinente, ciudadanos responsables e instituciones sólidas. Así que es necesario ponernos a trabajar.
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