La Ley de Expropiación para el Estado de Puebla, aprobada ayer en la sesión ordinaria del Congreso del estado, considera el fomento empresarial como causa de utilidad pública, lo que significaría que reservas territoriales, áreas verdes podrían ser entregados a la iniciativa privada.
En el artículo dos, de la reciente normativa, se define lo que se entiende por utilidad pública y se explican 18 casos en los que el gobierno, estatal o municipal, podría expropiar por interés de la sociedad, situación que no estaba considera en la ley.
Los casos mencionados están expuestos en las fracciones del artículo dos. La última fracción dice que la entrega de predios para empresas es de beneficio social, porque fomenta la creación de empleos. En este apartado, no existen líneas que normen la entrega de terrenos a la iniciativa privada.
La nueva ley también deja en valor catastral el costo de la indemnización que recibirán los afectados por alguna expropiación. En entrevista, el presidente de la Comisión de Gobernación Justicia y Puntos Constitucionales, Pablo Fernández del Campo, dijo que la Constitución Política no los obliga a situar en valor comercial el precio de los terrenos.
El artículo 27 de la Carta Magna señala que el avalúo del espacio expropiado se hace en relación al valor fiscal, pero en la Ley Federal de Expropiación sí se considera el valor comercial de las tierras para pagar la indemnización.
La nueva ley concede la garantía de audiencia a los afectados por una expropiación, reduce los plazos para el pago del resarcimiento a cinco años y permite tramitar recursos de revisión ante la autoridad municipal o estatal, según sea el caso.
En la misma sesión, el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del estado, Eduardo Rivera Pérez, presentó un punto de acuerdo mediante el cual solicitó que la Gran Comisión del Poder Legislativo sesione con la finalidad de emitir la convocatoria para el nombramiento del nuevo comisionado de Acceso a la Información Pública, una vez que Josefina Buxadé, integrante de este organismo deje su cargo.
Por su parte, el diputado del PT, José Manuel Benigno Pérez Vega, insistió en solicitar la revocación del mandato en el ayuntamiento de Tlacotepec de Porfirio Díaz y en la designación de un Consejo Municipal, luego de que la Comisión de Derechos Humanos (CDH), reconociera que fue torturado por policías de la comunidad mencionada.
