La estrategia jurídica del equipo de abogados que lleva la defensa del alcalde con licencia indefinida de Izúcar de Matamoros, Rubén Gil Campos, es aplazar la presentación del poblano ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, ya que al completar un año sin enfrentar al juez John Sprizzo, Gil puede ser trasladado a una prisión estatal donde recibiría ciertos “beneficios”.
Lo anterior fue informado por fuentes cercanas a la familia Gil Campos luego de que por tercera ocasión fue aplazada la comparecencia del alcalde, ahora con el pretexto de las vacaciones del abogado Steve Altman; en las dos anteriores, los litigantes argumentaron que necesitaban más tiempo para presentar pruebas de descargo ante la fiscalía.
Gil Campos fue detenido en abril pasado en el aeropuerto de Los Ángeles, California, por la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) acusado de haber conspirado contra ese país al haber distribuido 11 kilos de cocaína en Nueva York en 2007, lugar a donde fue trasladado al mes siguiente.
La fiscalía del Distrito Sur cuenta con la acusación directa de un agente de la DEA así como conversaciones grabadas de intervenciones telefónicas, en las que presuntamente participa el izucarense.
En entrevista telefónica, el presidente de la Casa del Migrante Poblano en Los Ángeles, Carlos Orea Alonso, confirmó el aplazamiento de la audiencia e indicó que la justicia estadounidense podría fincarle cargos a Gil por los delitos federales de conspiración y evasión fiscal, ya que éste se declaró en bancarrota en 2004 y eso no corresponde a los ingresos y el patrimonio que ostenta el presidente municipal.
De acuerdo con las fuentes consultadas, Gil Campos continúa encarcelado en la prisión de Westchester County, Nueva York, y su estado de salud es precario debido a la enfermedad que padece en los riñones.
Aunque la defensa de Gil ha solicitado en varias ocasiones a Sprizzo que conceda al poblano enfrentar un probable juicio en un hospital o en una prisión estatal –donde la seguridad no es tan estricta como en una prisión federal–, el juez se ha negado, por ello los abogados encabezados por Altman emprendieron la estrategia jurídica de aplazar la audiencia una y otra vez.
En una prisión estatal, Gil Campos pude tener acceso a servicios médicos y podría tener más visitas, indicaron.
En tanto, en Puebla no ha sido definida la situación política del ex líder migrante, ya que el Congreso del estado no ha decidido retirarle el cargo de edil, a pesar que cuenta con una licencia indefinida y enfrenta una investigación penal en EU, lo que significan violaciones a la Ley Orgánica Municipal del estado, afirmó el diputado local del PRD Melitón Lozano Pérez.
