En México, una de cada 100 denuncias presentadas ante las autoridades correspondientes llega hasta sus últimas consecuencias, lo que ubica al país en los lugares número 64 y 65 a nivel internacional en materia de corrupción y violencia, respectivamente, reveló Alberto Núñez Esteva, presidente nacional de la agrupación Sociedad en Movimiento.
Sin embargo, resaltó que aunque en Puebla no se han registrado actos de violencia graves como los que suceden en otros estados del país, la entidad no está exenta de que puedan ocurrir: “Hasta ahora no ha habido tiroteos, ni vivimos en un lugar donde haya violencia extrema, pero debemos tener mucho cuidado en que eso no nos pase”. Y abundó que en caso de tener brotes de violencia, el gobierno estatal debe coordinarse con la autoridad federal especialista en asuntos de narcotráfico y crimen organizado.
A 14 días –21 de noviembre– de que los gobiernos federal y estatal presenten los primeros resultados en materia de seguridad pública, exigió que se realicen las acciones encaminadas a frenar los índices delictivos y de violencia que imperan en el país. “La impunidad continúa en todo su apogeo. Lo que pedimos es que se nos informe con toda precisión cuáles son los programas y planes por realizar y cuál será la cooperación de la sociedad civil”, acotó el empresario.
Núñez Esteva reiteró que la primera responsabilidad de los gobiernos es la protección de la vida y abatir la corrupción, el crimen organizado y la violencia en el país: “Las instituciones deben ser la base de la democracia”, reiteró durante su visita por Puebla para la toma de protesta de la mesa directiva del capítulo Puebla de Sociedad en Movimiento, enfocado a impulsar la transformación del país a través de los ciudadanos.
Por último, exhortó a los servidores públicos a que acaten y apliquen las leyes con igualdad, y a los ciudadanos a que se involucren en los asuntos que afecten al país y a las distintas comunidades a las que pertenecen, “para poder contribuir y consolidar una democracia participativa e incluyente, sustentada en el diálogo y los acuerdos entre ciudadanos responsables y competentes”, concluyó.
