David Méndez Márquez, miembro del Frente Cívico Poblano, consideró lamentable que la salida de Alejandro Fernández Soto de la Secretaría Técnica del Consejo Estatal de Seguridad Pública se diera por “un pleito” de intereses políticos, en lugar de que significara una sanción por el espionaje ilegal que el funcionario realizó durante su gestión.
En entrevista con La Jornada de Oriente, declaró que desde el surgimiento del Frente Cívico, ante el llamado Lydiagate, Fernández Soto se dedicó a espiar las actividades de este grupo, por lo cual antes de su renuncia ya tenía el rechazo público de la sociedad.
Consideró que el espionaje dirigido por Fernández Soto no respetó las garantías individuales de los integrantes de la agrupación mencionada, pues la sociedad tiene el derecho de organizarse; en este caso, para trazar las estrategias mediante las cuales pedirían que se investigara la violación de los derechos de la periodista Lydia Cacho.
Méndez Márquez recordó que en marzo de 2006, desde una camioneta estacionada frente a las oficinas de la Asociación de Personal Académico de la UAP (ASPABUAP), en donde se reunían los integrantes del frente, se dirigió el espionaje.
Por ello, consideró infantil la explicación que dio Fernández Soto al decir que el vehículo no fue colocado para escuchar las conversaciones de los miembros de la agrupación en cuestión, sino para vigilar el tráfico de marihuana que se hacía supuestamente con las cemitas, a las cuales se les colocaba droga.
Por su parte, el diputado petista José Manuel Pérez Vega declaró que a principios del actual sexenio se comentó que el gobierno del estado pagó las refacciones de la avioneta tipo Pipper que posee Fernández Soto. Dijo que se facturó la compra de refacciones para helicópteros de la autoridad local, pero éstas se entregaron al ex funcionario.
