Organizaciones no gubernamentales cuestionaron la actuación de la Policía Judicial (PJ), de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla (CDH) y del Instituto Nacional de Migración (INM) en el trato que le dan a los grupos de migrantes centroamericanos que cruzan por el territorio poblano en su viaje hacia EU.
El Comité de Migrantes Poblanos en Nueva York, el Nodo de Derechos Humanos, amén del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Joel Arriaga Navarro, coincidieron en que los agentes de la PJ carecen de la preparación que requiere el trato con grupos que se desplazan buscando mejorar sus condiciones de vida, pues la corporación está especializada en la persecución de delincuentes.
Por otro lado, también consideraron que la CDH debe ser más eficiente en la indagación y denuncia de las vejaciones que sufren constantemente los indocumentados y tiene que diseñar estrategias que le permitan al organismo proteger las garantías de los migrantes.
Sobre el INM, los activistas expresaron que es una institución carente de recursos humanos y materiales suficientes para velar por el trato digno a los migrantes de Centroamérica y el cono sur que pasan por territorio mexicano.
En resumen, aseguraron los representantes de las ONG, México tiene un gobierno que se queja del trato que los migrantes mexicanos reciben por parte de las autoridades en Estados Unidos cuando ingresan a aquel país, pero tiene conductas hostiles y hasta violatorias de los derechos humanos contra los indocumentados que son sorprendidos en las fronteras nacionales.
Que el gobierno respete
Manuel Hernández García, presidente del Comité de Migrantes Poblanos en Nueva York, expresó este jueves, en entrevista telefónica desde aquella ciudad estadounidense: “nos ha llamado mucho la atención lo que está sucediendo en Puebla con nuestros hermanos migrantes de Centroamérica. Nos enteramos de lo que sucedió en Lara Grajales y nos ha causado mucha indignación. Creemos que el gobierno mexicano y el gobierno poblano deben investigar a fondo las redes de traficantes de personas que están secuestrando a migrantes”.
El Comité de Migrantes Poblanos en Nueva York es una organización fundada en julio del presente año. Su representante explicó los propósitos que la inspiran: “queremos ser una asociación que se aleje de los intereses políticos, de los gobiernos y los partidos de Puebla y de México que sólo ven al migrante como una persona manipulable a la que pueden sacarle dinero para apoyar sus campañas”.
Agregó que el Comité “velará por la protección de los derechos de los migrantes poblanos en Estados Unidos, pero también por los derechos que tienen en México, y en general por los derechos humanos de los migrantes, independientemente del país del que vengan”.
Hernández García anunció que en los próximos días acudirá a la Casa Puebla en Nueva York para entregar una carta en la cual su organización pedirá al gobierno de Mario Marín Torres que investigue a fondo las vejaciones perpetradas por policías municipales de Lara Grajales a migrantes centroamericanos el mes pasado, y también lo conminará a establecer entrenamientos especiales para agentes de la Policía Judicial que se aboquen a la detención de personas que ingresan al país sin documentos. “Creemos que sería bueno que el gobierno creara una célula especializada en el aseguramiento de migrantes, con policías que estén bien capacitados en el respeto a los derechos humanos”.
Por su parte, Eduardo Almeida Sánchez, representante del Nodo de Derechos Humanos, criticó que la CDH se limite a informar que los 186 migrantes detenidos este lunes –quienes fueron exhibidos ante los medios y reprendidos por elementos de la PJ– sólo se quejaron ante los visitadores de dicho organismo por el hacinamiento que sufrían en la estación del Instituto Nacional de Migración de Puebla.
“Es obvio que los migrantes, por su condición de vulnerabilidad, no se sienten con la libertad de denunciar lo que padecen y decir la verdad sobre el trato que les dan las autoridades. En este caso creo que la CDH debió al menos declarar que los migrantes sólo se atrevieron a denunciar el hacinamiento, dejando así abierta la posibilidad de seguir investigando los abusos que se hicieron sobre los migrantes y los cuales fueron dados a conocer por los medios de comunicación”.
Fernando Cuéllar, del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, resaltó que la Policía Judicial no es la autoridad competente para hacer detenciones de indocumentados. “Es posible que la intervención de los judiciales en estos asuntos tenga el fin de extorsionar a los migrantes para obtener beneficios económicos, porque en realidad la PJ se debería enfocar a perseguir a los tratantes de personas y a los narcotraficantes, más que a criminalizar a migrantes”.
