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Miércoles, 5 de noviembre de 2008
La Jornada de Oriente - Tlaxcala -
 
 

 OPINIÓN 

El derecho de las mujeres a la justicia

 
Rosario A. Mendieta Herrera

Actualmente un alto porcentaje de personas conocen sus derechos, uno de ellos es la justicia. El punto de partida de este derecho que nos inquieta y hasta nos angustia, y no lo decimos nosotros, sino millones de personas, donde quiera, es el acceso a la justicia y sobre todo el acceso a la justicia para las mujeres. Por lo que sería bueno reflexionar en torno a: ¿qué es justicia para estos efectos? y ¿cómo se llega a ella, de veras, con suficiencia, oportunidad y eficacia? (García; 2008)

Para abordar este derecho de las mujeres es de suma importancia elaborar un concepto que lo encauce, por lo que habría que arribar, en consecuencia, a ciertas convenciones que plasman el propósito de hacer exigible y justiciable este derecho como es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem Do Para”, sólo por mencionar alguna, e ir erradicando los prejuicios morales, que jueces y ministerios públicos habitualmente utilizan para culpabilizar a la víctima antes que al victimario, como preguntar si ella andaba sola de noche, si usaba minifalda o qué hizo para que el esposo se enfadara, por lo que es menester que estos funcionarios públicos pongan menos énfasis en qué hizo o no la víctima.

Para Sergio García Ramírez (2008), “acceder a la justicia o más discretamente a la jurisdicción y a la protección, devolución o creación de derechos subjetivos que ésta suministra, es un proyecto de rango constitucional, y luego un hecho, que se analiza en dos dimensiones, o en tres. Las dos primeras suponen un litigio actual; la tercera, uno potencial y probable. La primera, que reconoce el problema presente, se refleja en la forma; la segunda, en el fondo. Acceso formal es disponer de la posibilidad –real, por supuesto, no apenas nominal o discursiva– de plantear pretensiones ante una jurisdicción independiente, imparcial y competente para resolver sobre ellas; probarlas, alegar, contender con equilibrio. Hoy día, este acceso formal va más allá de su primera versión: no basta la proclamación normativa; incluye, como se ha dicho, “el reconocimiento de los derechos y las obligaciones sociales de los gobiernos, comunidades, asociaciones e individuos”. Mucho más, pues, que un retraído laissez faire, que pondera las ventajas del testimonio mejor que las virtudes de la acción”.

Actualmente, en el estado de Tlaxcala existen dos leyes que tiene como fundamento o principio la prevención, atención de la violencia intrafamiliar y la violencia en general que viven las mujeres: Ley de Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar y Ley que Garantiza el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Tlaxcala, ambas leyes aún no cuentan con un reglamento que permita su exigibilidad, y sean funcionales, aunado a que no existe una homogenización con los códigos Penal y Civil; entonces preguntémonos ¿las leyes de protección a las mujeres en nuestro estado son una falacia?

Estos vacíos que aún existen en nuestro estado no permiten avanzar en la defensa de los derechos de las mujeres, situación que se agrava con los prejuicios morales, como ya se ha mencionado anteriormente de ministerios públicos y jueces que culpabilizan a las mujeres víctimas de violencia, haciendo juicios de valor: “si ella protesta, es porque es histérica”; “si la violaron, ¿no usaba minifalda esa noche?” y  “si el marido la mata, tendrá atenuantes porque, por culpa de ella, él había tenido que hacerse cargo de la cocina y la limpieza”. Desafortunadamente en nuestro estado todavía persisten patrones sistemáticos de discriminación; no son casos aislados o aberraciones de un mal juez, sino expresiones de la dificultad de la mujer para acceder a la justicia. Las mujeres tienden a confiar poco en quienes están encargados de hacer respetar sus derechos a la justicia; aunque hay avances en la legislación y la jurisprudencia, éstos “no garantizan que los ministerios públicos o jueces no sean prejuiciosos”.

Estas observaciones y preocupaciones no sólo las hacemos nosotras, la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), menciona que las mujeres cuando son víctimas de violencia experimentan necesidades especiales para acceder a instancias judiciales de protección y atención.

 
 
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