La Comisión de Derechos Humanos (CDH) recomendó a la Procuraduría General de Justicia (PGJ), investigar al edil de San Sebatián Tlacotepec, Esteban Gorgonio Merino y ejecutar las órdenes de aprehensión pendientes contra su hijo, Antonio Merino y los demás involucrados en la tortura que sufrió el diputado local por el Partido del Trabajo, José Manuel Pérez Vega.
La presidente de la CDH, Marcia Maritza Bullén, dio a conocer ayer los resultados de la investigación que el organismo efectuó sobre las vejaciones sufridas por el legislador y miembros de su equipo, a manos de autoridades y policías municipales de Tlacotepec, el pasado 28 de julio.
En una rueda de prensa, la ombudsman dio a conocer que al CDH, también solicitó al Congreso local, emprender los procesos administrativos que amerite la conducta del alcalde, quien junto con su hijo, han sido señalados por la víctimas como los principales artífices de la tortura.
De hecho, en el documento que da cuenta sobre las conclusiones de las indagatorias hechas por el organismo, se presume que los policías de Tlacotepec también cometieron intento de homicidio contra Pérez y sus acompañantes.
Como se recordará, José Manuel Pérez Vega, fue secuestrado, golpeado y torturado –al punto de que un policía le introdujo el cañón de su pistola amenazando con matarlo– cuando intentaba hacer un recorrido por Tlacotepec y conocer de las quejas que habitantes de ese municipio tenían contra su alcalde.
La CDH responsabilizó a la autoridad municipal de Tlacotepec de establecer retenes ilegalmente por parte de policías municipales y ciudadanos de esta localidad, con el fin de interrumpir el tránsito del diputado petista. Al percatarse de la agresión, el legislador local huyó siendo perseguido por dos patrullas municipales mientras sus tripulantes disparaban a su vehículo. “Dichas personas pretendían causarles daños, más que cumplir con su deber de autoridad...”, acusó Bullén.
Posteriormente, el legislador y uno de sus acompañantes fueron arrojados a una barranca de 30 metros de profundidad mientras los uniformados les disparaban. Bullen resolvió que “en ninguna de las circunstancias los policías estaban en situaciones de necesidad de sacar sus armas de fuego en contra de los ciudadanos (...) Si esto se realizó contra un diputado local y su equipo sin respeto por la investidura que representa, imaginemos qué podría suceder con personas de la sociedad en general”, reflexionó.
