La recomendación de Amnistía Internacional (AI) para que el gobierno intervenga en apoyo a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos torturados en Lara Grajales es una señal “muy grave” de la incapacidad del gobierno en sus diferentes niveles para asegurar el respeto a los derechos de la gente, consideró Eduardo Almeida, vocero del Nodo de Derechos Humanos.
La falta de respuesta del gobierno a estas indicaciones sería “un paso más en el camino de deterioro institucional. Implicaría que ya no se escuchan voces de mucho peso, defensoras de derechos humanos”. Sería una actitud “sospechosa” que indicaría que en México y en Puebla no hay la capacidad de actuar ante estas situaciones, expresó el activista.
El documento de AI sobre Lara Grajales, según la evaluación de Almeida, será difundido por todo el mundo y los diferentes socios de esta organización comenzarán a realizar acciones para ejercer presión en las representaciones diplomáticas y en la presidencia de México, pudiendo llegar a lograr que se tomen acciones al respecto.
Sin embargo, en el caso particular de Puebla, pareciera que a algunos gobernantes “no les importa” que se evidencien su incapacidad y corrupción, dijo. “Por lo que hemos visto, es una situación generalizada en todo el estado, la de ediles que actúan sin ninguna restricción legal, sin ningún control institucional y sin ninguna respuesta o responsabilidad a quienes se supone deben responder, a quienes gobiernan”, acusó Almeida.
Casos como el de Lara Grajales y el de los 186 indocumentados encontrados el pasado lunes en Puebla, a quienes elementos de la Policía Judicial también les habrían violado sus derechos humanos, son una muestra de la “deshumanización” de las autoridades hacia la situación de los migrantes centroamericanos.
