La presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH), Marcia Bullen Navarro, emitió una recomendación por los abusos que sufrió el diputado local José Manuel Pérez Vega, junto con dos acompañantes, por parte de servidores públicos de Tlacotepec de Porfirio Díaz. Por ello, el organismo pidió que el edil de ese municipio, Esteban Gorgonio Merino Mendoza, además de otros trabajadores de la Comuna, sean investigados y sancionados por los hechos que pudieron costarle la vida al legislador.
Las conclusiones a las que llegó la CDH parecen ser resultado de una investigación aceptable. Sin embargo, la emisión de la recomendación se da con un atraso de más de tres meses, cuando el caso ya ha sido objeto de indagaciones por parte de la Procuraduría General de Justicia y el Congreso local. Por tanto, resulta intrascendente el documento elaborado por la ombudsman.
Desde que en julio de este año se dio la agresión que sufrió Pérez Vega a quien policías municipales habrían intentado ejecutar, había claridad en lo ocurrido, y dado la gravedad de lo acontecido, ameritaba que la CDH se apresurara a emitir una recomendación que evitara cualquier intento de las autoridades de no sancionar a los autores intelectuales del atentado. Sin embargo, su lentitud para proceder hace suponer que la ombudsman no quiso comprometerse a buscar un rápido esclarecimiento de la agresión.
El manejo que ha tenido la CDH con el asunto de Pérez Vega demuestra que Marcia Bullen llegó al organismo para evitar que sea una instancia efectiva en el combate a la violación a los derechos humanos.
