En la propuesta de Ley de Expropiación para el estado de Puebla del gobernador Mario Marín Torres no está explicado qué se entiende por “interés público” ni incluye artículos para defender reservas ecológicas y áreas verdes de zonas que pudieran ser expropiadas, reconoció el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Javier Aquino Limón.
En entrevista, el diputado del PRI aceptó que bajo el argumento de que algunos espacios de las reservas territoriales son de “interés público”, la autoridad puede expropiar los mismos a voluntad. “Por el momento así está la iniciativa, pero la analizaremos”, dijo.
Ayer por la mañana, las comisiones de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales; y de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente sesionaron para discutir la aprobación de una nueva Ley de Expropiación para el estado de Puebla, de la cual existen dos propuestas, la del titular del Poder Ejecutivo y la de la fracción parlamentaria del PAN.
Aunque la iniciativa panista sí considera la definición de “interés público”, tampoco enfatiza en el cuidado de los espacios ecológicos, indicó Aquino Limón. Por ello, señaló que el objetivo del encuentro entre los diputados es perfeccionar la ley a través de las observaciones de los distintos grupos parlamentarios.
El diputado señaló que otra desventaja que provocaría la aprobación de la ley, tal como el gobernador la ha redactado, es que la indemnización que recibirán los propietarios de terrenos que hayan sido expropiados será evaluada con relación al valor catastral y no comercial, lo cual permitiría vender tierras en valores muy inferiores a los que se comercializarían.
Hay muchos vacíos en la ley que se pretende reformar, reconoció el legislador, pues ya tiene muchos años de vigencia. Incluso recibió una observación de la SCJN que exhortaba a la actualización de la norma. Consideró que la discusión para aprobar dicha ley es una oportunidad de mejorarla.
Dijo que uno de los primeros acuerdos a los que llegaron los diputados es garantizar el derecho de audiencia de quienes enfrentan una expropiación y reducir los tiempos para el pago de la indemnización, pero los otros puntos que perjudican principalmente a campesinos y áreas ecológicas aún son discutidos por los legisladores.
