Existen unos 500 indígenas en prisiones de Teziutlán, Tetela de Ocampo, Zacatlán, Huauchinango, Tepexi de Rodríguez y Tehuacán que no cuentan con medios para una defensa adecuada. De esta cifra, 100 se están en etapa de preliberación, pero por su condición étnica no les ofrecen la asesoría jurídica para obtener ese beneficio, informó Alfredo Lozano Ortega, presidente del Movimiento Indígena Zapatista.
En entrevista, el representante social precisó que los reclusos no han sido liberados debido a que las autoridades penitenciarias esperan que el gobierno estatal organice un “evento de luces y fanfarrias” presidido por el titular del Poder Ejecutivo, Mario Marín, o el secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano.
Lozano Ortega dijo que cuando la Fundación Telmex otorga donativos a los familiares de los reclusos para que éstos paguen la fianza, previamente la autoridad local les envía un padrón de personas que simpatizan con el PRI, y es a ellos a quienes se les entregan los cheques. Por tal motivo, dijo, el gobierno del estado organiza después un acto protocolario para que Marín Torres “se luzca” ante los recién liberados.
Señaló que en Tepexi de Rodríguez los reclusos indígenas son apartados a la zona de máxima seguridad sin que se tome en cuenta el delito que cometieron. Precisó que en dicho penal las autoridades se aprovechan de que los reos no hablan español; incluso los abogados de oficio ignoran su responsabilidad y permiten el cambio.
Por otro lado, acusaron a la Juez Cuarto de lo Penal, Blanca Laura Oliver Palacios, de violar las garantías individuales por condenar a dos años de prisión a los líderes indígenas Delfino Flores Melga y Anastacio Crescencio Cruz sin que se hubiesen hecho los careos.
Lozano Ortega dijo que en febrero de 2007 los también campesinos dirigieron una manifestación de mil 200 familias en un predio de la colonia Loma Bonita de San Jerónimo Caleras para demandar que les fueran entregadas viviendas dignas. Debido a que el predio estaba cercano a la junta auxiliar y a que ahí se instalaron para descansar los pobladores antes de reanudar las quejas, el dueño del terreno inició una denuncia por despojo.
Tanto Flores Melga como Crescencio Cruz fueron sentenciados a dos años de prisión, por lo que el Movimiento Zapatista tramitó ante la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el estado un recurso de impugnación, el cual no procedió, y la resolución de la juez Oliver Palacios fue confirmada.
