La anunciada intención de autoridades gubernamentales de la entidad por no intervenir en un conflicto al que caracterizan de naturaleza intergremial tiene visos de razón. Visto así, el rechazo al pacto federal –Alianza por la Calidad de la Educación (ACE)– suscrito por la presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y Felipe Calderón, titular del Ejecutivo federal, manifestada por diferentes grupos de trabajadores de la educación, incluidos institucionales resentidos, sería visto por los responsables de mantener la gobernabilidad en la entidad, como la posibilidad de minar en la entidad con la creciente influencia de la líder magisterial y mantener una sana distancia con personajes y partidos políticos que suspiran por arrebatar el poder que aún mantiene en la entidad el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Pero aún cuando las autoridades locales definan al actual conflicto generado por un numeroso grupo de trabajadores de la educación en ese sentido y en esa dirección, las demandas colaterales a la de lograr que Elba Esther Gordillo Morales, presidente vitalicia del CEN del SNTE, fuese marginada del puesto que ocupa de manera permanente, siguen vigentes y no pueden ser ignoradas por los responsables de los diferentes despachos del Ejecutivo local que intervienen en la solución de un proceso tan complicado como el actual y se propicie, para resolver el conflicto, una salida local al entuerto planteado por las bases magisteriales, en el entendido que la demanda principal, por ser de carácter nacional, debe ser resuelta por autoridades federales y ante los tribunales laborales.
Sería imprescindible entonces, buscar una solución concertada entre las partes involucradas acorde al federalismo con sustento en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), suscrito en ese entonces por Mariano Piña Olaya y ratificado por el Congreso del estado, sujetando el cumplimiento de la ACE a ese principio rector, conciliando la propuesta federal con la soberanía local.
Sin duda las autoridades locales deben encontrar, como en la práctica parecen haberlo logrado, los motivos que generan la movilización del magisterio, diferenciando las causas nacionales que no son solubles, de las locales que si se pueden resolver y así se procure:
Respetar lo firmado en tanto que se rectifica el ANMEB, suscrito por autoridades locales
Generar una evaluación contextualizada para que permita mejorar los niveles de aprovechamiento escolar, procurando que no sirva sólo para exhibir sino para mejorar.
Construir un verdadero sistema de actualización y formación de docentes que facilite, la generación de un nuevo modelo de organización de la escuela pública (formación integral de los maestros), para que en el marco de la planeación local con los recursos existentes se promueva la especialización de profesores.
Construir un modelo que aspire a ser integral y transforme a docentes de genéricos en especializados.
Regular la matrícula de normales iniciando por las escuelas particulares (No a la privatización).
Diversificar las opciones de estudio en las escuelas normales públicas para establecer un subsistema de educación básica integral y especializada.
Revisar curriculum, perfil de los docentes adscritos a las normales públicas para mejorar el nivel académico de las instituciones terminando con el personal comisionado.
Garantizar la permanencia de cambios de adscripción de los docentes a solicitud de los trabajadores de la educación en las entidades y entre entidades.
Instaurar un proceso para que accedan a nuevas categoría en el subsistema en el que se desempeñan incluidas las de tiempos completo.
Respetar el escalafón, transparentarlo y mejorarlo.
Destinar recursos para mejorar el funcionamiento de las instituciones.
Respetar los derechos adquiridos por los trabajadores en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo.
Sin duda nadie podría omitir señalar que aunque lo urgente fuese concluir con un conflicto que involucra a grupos de varias regiones del Estado, lo prioritario para la entidad debería ser buscar resolver la problemática derivada de la mala calidad con la que se prestan los servicios de educación, señalados por estadísticas oficiales, situación en la que están involucrados todos los docentes que laboran en el estado de Puebla.
