Este viernes concluyó en la Universidad Popular Autónoma de Puebla la Primera Reunión Nacional de Ordenamiento Ecológico, Territorial, Riesgo y Desastres, donde los organizadores, conferencistas y participantes acordaron realizar una segunda reunión nacional en los próximos meses a fin de consensar un documento único que norme los criterios de regulación del territorio nacional, y no que cada región, cuenca, estado o municipio tenga su propio método, como se hace ahora.
Aunque reconocieron que existe el riesgo de que si se logran resultados positivos y la propuesta avanza, pudiera darse el caso de que la Federación creara una “supersecretaría” de Ordenamiento, que si bien tendría objetivos bien definidos también tendría consecuencias, como en el uso del poder que tendría. También hubo críticas hacía la concentración de información básica y a que las consultorías de reordenamiento son más un negocio que la solución a un problema.
Sin embargo, lo fundamental en esa área, coincidieron, es la participación de los ciudadanos, de transparentar procesos y colaborar estrechamente con las instituciones de educación superior.
En ese sentido, se buscará que en esta nueva convocatoria participen las secretarías federales de Desarrollo Social, Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional para la Prevención de Desastres, dependencias con capacidad de tomar decisiones inmediatas en torno al tema.
Previamente, el ejercicio realizado en Puebla será repetido en el norte y sureste mexicano, lugares donde se expondrán otras experiencias exitosas de ordenamiento ecológico y territorial para rescatar datos esenciales en la conformación de ese documento único.
Las conclusiones
Los componentes técnicos en sí no traicionan a los componentes sociales; es más, no son útiles en términos del ordenamiento territorial: se requiere trabajar en espacios de participación local en los que se hable de forma transparente de los intereses –económicos, políticos– que pueden truncar una eficiente planeación del territorio, los acordaron como parte de las conclusiones los asistentes a esta primera reunión nacional.
Afirmaron que es fundamental definir conceptos como “participación” y “sustentabilidad”, además de que se debe indagar cómo se articulan entre sí, ya que esto puede provocar parcialidades u objetivos sesgados en el ordenamiento.
Propusieron transparentar los mecanismos para ordenar el territorio nacional; en ese sentido, los participantes coincidieron en que la información de las universidades y de las instituciones gubernamentales es básica para tomar decisiones, por lo que es urgente que ésta sea democratizada, accesible y compartida entre los académicos y funcionarios.
Reconocieron que existe una tensión cuando se habla de recuperar y usar los conocimientos no científicos, sociales y ciudadanos, y cómo empatar ese saber con la ciencia. Se percibió y se criticó la tendencia de imponer a la ciencia especializada, pero también se abrieron dudas de cómo dar validez a la información popular, por lo que se debe establecer un diálogo entre los distintos saberes.
Sin embargo, también se dio la bienvenida a formas más flexibles de llevar a cabo el reordenamiento territorial, pues lo más importante es que se constituya en un instrumento útil de gestión del territorio nacional. El ordenamiento ecológico está permeando en todos los niveles sociales e institucionales.
Sostuvieron que los ordenamientos ecológicos deben dar respuesta a preguntas específicas; hubo consenso para la existencia de un solo documento que ordene el territorio, aunque también se propuso una herramienta similar pero para el ámbito municipal.
Para que los ordenamientos sean operativos se debe crear una serie de capacidades a nivel local en el que participen los sectores académico, gubernamental y social, sostuvieron.
Los participantes consideraron que es urgente el análisis social aplicado en la investigación de la vulnerabilidad del territorio mexicano. En ese sentido, se propuso fortalecer los enfoques de vulnerabilidad y riesgo en los programas de ordenamiento ecológico territorial.
Agregaron que la participación social propiciada por los ordenamientos ecológicos debe alimentar el sistema oficial de información, el cual, se insistió debe estar accesible para todos. Así mismo, propusieron realizar evaluaciones ambientales estratégicas para el país.
Participación social
La propuesta de realizar una segunda reunión nacional donde participen las instancias que pueden tomar decisiones respecto al ordenamiento territorial ecológico fue de Aurelio Fernández, director del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder) de la Universidad Autónoma de Puebla, durante la última mesa de trabajo del acto, la tarde del viernes en las instalaciones de la UPAEP.
“La intención de esta reunión nacional fue realizar un diálogo entre las distintas visiones y formas de llevar a cabo ordenamientos territoriales. Si esto es así, y todos creo que estamos de acuerdo en la necesidad de converger en instrumentos cada día más integrales, me parece pertinente hacer la siguiente propuesta: que se lleve a cabo una siguiente reunión con la Sedesol, con especialistas en suelo urbano, el Cenapred y convocarlos a que participen con propuestas. Debemos ser más ambiciosos”, invitó el universitario.
Por su parte, Marco Antonio González Ortiz, especialista en ordenamiento comunitario en el estado de Oaxaca, ponderó la realización del acto, pero manifestó su preocupación porque a pesar del conocimiento de todos los especialistas no existen instrumentos de tránsito entre los distintos tipo de ordenamiento, lo que lleva a pensar que México es una integración de diferentes países en uno solo.
“Me parece que un segundo espacio para ir encontrando soluciones posibles. En el tema de la participación me parece que ya hay una ganancia. Hace 20 años era tabú, hoy es política pública una necesidad real; este país no puede seguirse gobernando por dogmas. A mí preocupa tener un ordenamiento ecológico si no hay quien lo vaya a gobernar. La definición de criterios permite ir definiendo la profundidad y llegar a su ámbito de acción real. La información adicional que arrojan los ordenamientos permite tomar decisiones”, afirmó González.
“Ciencia al servicio de la democracia liberal”
En tanto, Luis Borjórquez Tapia, director de la Consultoría en Ingeniería de Decisión Multicriteria, se pronunció por la construcción de instrumentos útiles que ayuden a resolver los graves problemas de la sociedad. Anteriormente, el ordenamiento territorial y ecológico sólo era un acto de autoridad; ahora es un acto de suma de voluntades, pero lo que no se ha definido es la voluntad de quién. Mientras que actualmente se establece por parte de los gobiernos la imposición del territorio para intereses definidos, lo que se debe hacer son instrumentos de planeación efectivos.
“¿Quién define qué es la sustentabilidad y quién decide cuáles son los intereses que atentan contra la sustentabilidad? ¿Será una autoridad, la sociedad, un proceso participativo? El ordenamiento ecológico no es un mapa; el mapa es un instrumento para alcanzar acuerdos, y si éste se lo dejamos a una junta de notables llamados académicos, consultores sin que sea resultado de un proceso participativo, transparente, riguroso e incluyente, entonces va a ser la ciencia al servicio del poder, y no la ciencia al servicio de la democracia liberal. Aquí las universidades pueden jugar un papel importante porque hay muchas que hacen ordenamiento ecológico imponiendo el conocimiento científico sobre la sociedad”, señaló.
Asimismo, Antonio Díaz de León, director general de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) del gobierno federal, subrayó la importancia del ordenamiento a partir del nivel municipal.
“El artículo 115 constitucional es una vacilada, con todo respeto. Tenemos 2 mil 500 municipios en el país, pero sólo entre 80 y 100 municipios tienen una hacienda de más de 100 millones de pesos para enfrentar sus problemas. Sus lógicas son diferentes, pero impera la imposición del poder al municipio, de ese poder que tiene recursos, que impone lógicas de crecimiento. Difícilmente los municipios van a hacer algo si no cambia el esquema institucional. Ahí es donde está el verdadero problema y nadie lo quiere tocar, no está en la agenda nacional”, aseveró.
