A 11 días de que no se ha podido destrabar el conflicto magisterial, docenas de operadores enviados por el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) están ofreciendo créditos, dinero, viviendas, plazas, aumento de horas clase y préstamos complementarios a los disidentes para que desistan de su lucha por cancelar la Alianza por la Calidad Educativa, democratizar el SNTE y destituir a Elba Esther Gordillo como presidente del sindicato de mentores.
Así lo denunciaron profesores de las regiones de San Martín Texmelucan, Zacapoaxtla, Huauchinango, Izúcar de Matamoros, Chignahuapan, Huejotzingo, Cholula, Puebla, Zacatlán y Teziutlán de las secciones 23 y 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Fuentes confiables revelaron a La Jornada de Oriente que el sábado pasado se reunió todo el Comité Seccional del SNTE 51, allí se le exigió a cada miembro convencer a por lo menos 100 profesores de que abandonen la disidencia bajo el argumento de que habrá una serie de garantías que van desde bases, aumento de horas clase, ventas de plazas; o de lo contrario, sufrirán medidas represivas.
También trascendió que una parte del Comité Ejecutivo de la sección 51, lejos de seguir instrucciones están visitando la región de Zacatlán y Huauchinango para promover la destitución de Cirilo Salas Hernández y que su lugar sea ocupado por Dinorah García Hernández, quien es protegida por el diputado local Gustavo Espinosa Vázquez.
Integrantes del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP) están sorprendidos por las actividades de los operadores “gordillistas”, pues aseguran que en el pasado era muy complicado acceder a un crédito o un préstamo complementario, y que ahora, los ofrecen “de a montón”. No obstante, sostuvieron que a pesar de sus ofrecimientos, se mantendrán firmes en su postura y que no habrá ningún paso atrás en su lucha magisterial.
Las acciones de los operadores
Gilberto Ramírez Sánchez informó que en Teziutlán gente cercana a Cirilo Salas, Eric Lara, así como al Comité Ejecutivo Nacional del SNTE ofreció a los docentes 30 préstamos complementarios que consisten en recursos del salario quincenal de seis meses.
Señaló que los operadores están haciendo brigadas en diferentes municipios de la Sierra Norte, como Cuetzalan, Zacapoaxtla, Zacatlán, Teziutlán y Chignahuapan, para darles facilidades de abrir créditos de vivienda, con la única condición de que desistan del movimiento.
Ramírez Sánchez subrayó que con estás acciones en lugar de ganarse a los compañeros, la gente de Elba Esther Gordillo está provocando que el movimiento se fortalezca, pues con estas actividades sólo demuestran su miedo de perder el poder.
“Nosotros les pedimos en su momento que nos informaran sobre la Alianza por la Calidad Educativa, la Ley del Issste e hicieron caso omiso; ahora nosotros somos los que no queremos ningún diálogo con ellos, estamos firmes en nuestra postura, convencidos de nuestra lucha más que nunca”, refirió.
Por otra parte, Gustavo Carranzo indicó que este domingo llegó un grupo de personas al zócalo de San Martín Texmelucan para repartir volantes con una breve explicación sobre los beneficios de la ACE. Y que han obligado a los supervisores y directores a apagar el movimiento en sus escuelas.
Chignaguapan no se queda atrás, allí adelantaron la convocatoria para repartir créditos de vivienda, agilizaron los trámites para obtenerlos y se han comprometido a cambiar plazas de zonas.
En Huauchinango están entregando hojas de basificación, así como prestamos; en Zacapoaxtla han realizado visitas domiciliarias para convencer a la gente de los beneficios de la ACE; en Zacatlán, Alonso Rodríguez y Jaime Guevara, representante de telesecundarias en la dirigencia de Cirilo Salas, y coordinador general de Zacatlán en la gestión de Gustavo Espinosa, respectivamente, han visitado a los maestros de dicha región para intimidarlos y pedirles que no se sumen a la lucha magisterial.
Este lunes trascendió que Rafael Ochoa Guzmán, secretario general del SNTE, trajo a Puebla unos 200 operadores. Muchos de ellos no son profesores y es gente que se ha especializado en hacer trabajo electoral a favor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Su tarea es que en brigadas de tres operadores visiten las regiones de Izúcar de Matamoros, Teziutlán, Zacatlán y Huauchinango para buscar en sus domicilios a los líderes de la disidencia y primero conminarlos a dejar el movimiento, para después amenazarlos con sufrir actos de violencia o perder plazas.
De los cinco voceros del Consejo Democrático Magisterial Poblano, al único que han llamado por teléfono es a Gilberto Maldonado, representante de la región de Izúcar de Matamoros.
Durante una entrevista, el docente explicó que el día de ayer recibió una llamada telefónica de parte de gente de Elba Esther, que lo citaron en la capital poblana. “Obviamente no voy asistir a esa reunión, para nosotros ellos ya están desconocidos”.
Por su parte, Gabriela Molina, disidente de la región de Zacapoaxtla, indicó que los “gordillistas” han iniciado una “guerra psicológica” en contra de los maestros que participan en el movimiento magisterial, pues informó que constantemente les mandan mensajes a sus celulares con alertas de que ya hay granaderos o porros despojando a los docentes de la sección 23.
Manifestó que en las asambleas se les ha pedido a los maestros hacer caso omiso de las alertas que envían por celular. Agregó que para disminuir los temores se están reforzando las visitas a domicilio, a las escuelas y las asambleas regionales para informar a los profesores sobre las acciones a tomar.
María del Carmen López Hernández, integrante del CDMP, informó que el diálogo entre los disidentes y el gobierno del estado sigue abierto. Comentó que esta semana sostendrán una nueva reunión para darle una respuesta a su ofrecimiento de ser mediador con los dirigentes del SNTE y de revisar la ACE.
Indicó que se está realizando una consulta con toda la base magisterial de las distintas regiones del estado, y que será lo que diga la mayoría lo que se plantee con los funcionarios de la administración del gobernador Mario Marín Torres.
