Desde que Felipe Calderón asumiera el poder en medio de las protestas del Partido de la Revolución Democrática y en especial de su candidato, Andrés Manuel López Obrador, el país se debate en medio de crisis sucesivas, a cual más agudas y de los más diversos orígenes.
Y no es factible pensar que todas se deban a Calderón, porque muchas de ellas tuvieron su origen durante el largo periodo de bienestar económico y estabilidad política bajo regímenes de origen priista.
Mientras se mantuvo ese largo bienestar, cuyos tropiezos identificables se dieron al concluir el periodo alemanista e iniciar el régimen de austeridad; encabezado por Ruiz Cortinez (Ruin Codines le llamaban algunos), así el peso se devaluó de 10 a 12.50, y de ahí hasta la macrodevaluación echeverrísta a 25 pesos, hubo otra larga era de prosperidad sin grandes conflictos políticos, exceptuando el movimiento ferrocarrilero vallejista y el conflicto con la sección IX del SNTE, encabezada por Othón Salazár. El régimen de la revolución flotaba seguro sobre las calmas aguas de la posrevolución. Y a pesar de que el PRI era prácticamente partido único, partido de estado, la necesidad de garantizar tanto la paz social como los votos, aderezado esto por unas arcas nacionales pletóricas que permitieron todos los excesos, condujo a que de manera casi natural se fueran creando los poderes fácticos que ahora se han convertido en obstáculos para el crecimiento económico, el desarrollo educativo, la seguridad nacional, la competitividad internacional, etc.
El corporativismo engendró monstruos que, en las circunstancias actuales, pueden –y de hecho lo hacen– desafiar y desestabilizar al estado mismo en aras de preservar sus prebendas y privilegios.
El sindicato petrolero no se verá afectado por la reforma energética, y lo que es peor, ninguno de los partidos representados en el Congreso se ha atrevido siquiera a sugerirlo. Aunque toda la sociedad mexicana se encuentre convencida de que forma parte muy importante del problema de Pemex, y es una de las causas más importantes de la corrupción en esa institución.
El SNTE y su lideresa se enfrentan ahora a las rebeliones de sus bases, galvanizadas por el rechazo a varias de las propuestas de la reforma educativa que se intenta poner en práctica (aún tan tímida como la reforma petrolera) y que no requieren de ningún análisis profundo para detectar la presencia del mismo patrimonialismo que priva en Pemex, el IMSS, el ISSSSTE, la CFE, Luz y Fuerza del Centro, etcétera. Existe una convicción personal, casi indestructible, de que las plazas de trabajo, tanto como los recursos oficiales, pertenecen en primer lugar a los trabajadores del régimen y después, si algo quedara, al pueblo mexicano. Aunque después todos intenten justificar esta actitud, que no se da y no puede darse en las empresas privadas, como “conquistas sindicales” con carácter prácticamente de irreversibles.
Y así podemos ver como los nietos de la revolución se han convertido en aguerridos conservadores, los panistas enarbolan banderas revolucionarias para modificar la situación injusta de millones de compatriotas y, el perredismo, enclaustrado en sus cotos de poder, puede ser aun más reaccionario y conservador que el PRI de antaño.
Porque si bien los ancestros de muchos de los actuales priistas lucharon convencidos de la necesidad imperiosa de conseguir una repartición más justa de la riqueza, las necesidades electorales y electoreras que se generaron durante seis décadas en el poder acabaron por crear una estructura interna y externa demasiado pesada como para permitir que se modifique ahora. Basta hablar con los integrantes del sistema educativo para percibir que esta mentalidad patrimonialista ha permado tanto que ya resulta imposible intentar convencerlos de que sus plazas, como las escuelas y su equipamiento, son propiedad de la nación, que no pueden ni deben ser privatizadas. Aunque en la práctica esto suceda. Lo mismo pasa, en mayor o menor grado, en casi todas las paraestatales y en la burocracia institucional. Sus integrantes funcionan como socios, accionistas, beneficiarios primeros de la riqueza nacional. ¿Y los demás mexicanos? ¡Pues esos que se j...!
¿Habrá faltado información? ¿Sería necesario hacerlos más conscientes, más partícipes del problema, más solidarios, más mexicanos, más nacionalistas?
Por otra parte el narco desafía al estado mexicano con toda su fuerza, y uno se pregunta ¿dónde estaba antes?, decir que nacieron, crecieron y se desarrollaron desde que entró Calderón, no parece nada creíble. Ya estaban y vivían en el pasado bajo un régimen de privilegio, de entente cordial (si no es que de complicidad expresa), de mutua conveniencia con las fuerzas políticas. hasta que algo sucedió –tal vez su crecimiento excesivo– y condujo a los enfrentamientos y a las ejecuciones, tan frecuentes como violentas, que provocaron la reacción obligada de un gobierno que ya no podía permanecer cruzado de brazos y volteando hacia otro lado. Y así se desató la guerra, entre ellos y sus cómplices dentro de los cuerpos de seguridad, para posteriormente enfrentarse ya con el ejército y con las nuevas fuerzas policíacas. Sin embargo su poderío bélico, más su inmenso poder de corrupción, les garantiza una existencia prolongada. Como sucedió en Colombia, solo que aquí están más cerca de los Estados Unidos. ¿A quien beneficia y a quien perjudica?
Mientras tanto la sociedad civil se encuentra asustada, silenciosa, sin saber que hacer, alejada por igual de un gobierno con características de debilidad, como de los partidos políticos que solamente parecen cuidar sus intereses y privilegios; una ciudadanía que no puede confiar en nadie y que tampoco entiende bien a bien que es lo que sucede.
En ese momento se desata una crisis económica de magnitud y duración desconocida que viene a descomponer aún más el panorama.
¿Podrá esta sucesión de problemas modificar las actuales relaciones de poder y motivar que nuestros políticos se decidan a emprender de una vez por todas las reformas estructurales, de pensiones, educativa, energética, o bien, por el contrario –y a pesar del retroceso electoral del PAN– optarán por mantener el statu quo, por la línea del menor esfuerzo, lo cual conduciría inevitablemente a una larga etapa de inquietud y malestar motivada por la depauperación progresiva de una buena proporción de la población, del aumento de la delincuencia y la inseguridad, y la reducción de los fondos oficiales destinados a subsanar estas deficiencias.
Estas condiciones parecen alejarnos cada vez de cualquier posibilidad de alcanzar ese objetivo, ahora tan olvidado, de permitir alguna “redistribución de la riqueza por la vía fiscal”.
