La infortunada declaración de guerra vertida por Cirilo Salas Hernández, secretario de la sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) (Martín Hernández Alcántara, La Jornada de Oriente, 20–10–08) forma parte de una escaramuza verbal mediante la que Elba Esther Gordillo Morales, presidente vitalicia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTE busca resolver un conflicto generado en buena medida, por la repulsa que despierta un pacto firmado al amparo de sus atribuciones estatutarias y a espaldas de la base magisterial. En el mismo sentido, por el uso de la fuerza, aunque con algunos matices y ubicando diferentes enemigos, se han pronunciado Rafael Ochoa Guzmán, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE y Gabriel Gustavo Espinosa Vázquez, diputado plurinominal en la LVII legislatura del estado por el Partido Nueva Alianza y ex secretario general del comité ejecutivo de la sección local, señalado por mentores, como jefe de una presunta organización de vende plazas.
Atribuida mediáticamente a la disidencia magisterial, el uso de la fuerza como método de lucha es un instrumento al que recurren de manera de regular quienes trabajadores de la educación de diferentes colores, tendencias y sabores, buscan lo mismo que preservar el poder, cambiar las estructuras sindicales y/o democratizar a la vetusta organización de acuerdo a sus propios intereses.
Una visita por la red permite ubicar situaciones como la descrita: así se hizo del poder Carlos Jonguitud Barrios el 22 de septiembre de 1972, sólo un año antes de que un golpe de Estado propiciado por los estadounidenses privara del ejercicio constitucional a Salvador Allende, mediante el uso de la fuerza y con esbirros entre los que se encontraba Miguel González Abad, ex secretario general del Comité Ejecutivo de la sección 51 del SNTE y subdirector vitalicio del Benemérito Instituto Normal del Estado Juan Crisóstomo Bonilla, metralleta en mano, las huestes del posteriormente líder magisterial defenestrado por Carlos Salinas de Gortari, tomaron por asalto el edificio sindical ubicado en la calle de Venezuela de la ciudad de México iniciando el dominio de la corriente Vanguardia Revolucionaria, el tercero por tiempo en duración tras Jesús Robles Martínez y Elba Esther Gordillo Morales, de la que formaba parte, quien toda pureza como su nombre lo indica, y se prestara a ocupar el sitio su protector y guía con quien compartiera seguramente, sueños, poder y por qué no, dinero. Así fue el asenso al poder de la dueña de la segunda dictadura de la organización medida por el lapso de duración, que no por el ejercicio absoluto del poder.
Presuntamente agraviado por Jonguitud, quien en un acto público llevado a cabo el un estadio de San Luis Potosí cuando el magnate del SNTE y Vanguardia se desempeñaba alternativamente como gobernador (comentado por alguien que asistiera a ese acto de la campaña presidencial) fuese aclamado por las hordas magisteriales acarreadas de todos los confines de la nación mientras que abucheaban al entonces candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional –Carlos Salinas de Gortari–, definición de fidelidades del primero en favor de Manuel Bartlett Díaz y tras el ascenso al trono del segundo, golpe de Congreso nacional extraordinario de por medio, mediante intervención entre otros de Manuel Camacho Solís, delegados Jonguitudistas, secuestrados por agentes de la policía judicial en sus lugares de residencia, tomados en vilo cual inocentes palomitas, fueron conducidos por las buenas y por la malas para ungir a la nueva secretaria general interina del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE.
Rumiando la mala fortuna producto de su devaneo, Carlos, el otrora dueño de una organización a la que manejó con horca y cuchillo, a la sazón senador de la República y aún así exiliado del país por decisión presidencial, seguramente en tierras extrañas lamentaba la confianza depositada en una mujer que más tarde fuese acusada judicialmente como autora intelectual de la muerte de opositores magisteriales como Misael Núñez Acosta mientras que consumía el resto de su vida percatándose que la doña, su alumna superaba con creces al maestro.
Pero si así, de manera primitiva, se comportan las altas esferas de la burocracia sindical a la hora de hacer política, que podría esperarse de un encargado de la organización de carácter local o de los trabajadores de la educación que recurren al ejercicio de la fuerza como método único para hacerse escuchar o para sustituir en el cargo a quienes critican en razón a los procedimientos utilizados.
¿Que no sería más factible que en el ejercicio de sistema político democrático, el Estado y el gobierno, garantizando los derechos de todos, fuesen sólo el referente para que quienes desearan representar los intereses de la mayoría, en buena lid, se enfrentaran utilizando los mecanismos previstos en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal del Trabajo y los disidentes al enfrentarse a los representantes sindicales designados por el poder presidencial, no tuviesen que luchar en contra de los designios de los gobernantes en turno?
