Guillermina López Balbuena, diputada federal del PRI por Puebla, solicitó al Congreso de la Unión sanciones para los maestros que suspendan labores sin justificación, que no cumplan con su horario de clases y que vendan o traspasen sus plazas.
La propuesta de la legisladora poblana, expuesta ante el pleno de la Cámara de Diputados, contiene reformas a la Constitución, a la Ley General de Educación y una nueva Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
López Balbuena manifestó, en entrevista, que redactó tal iniciativa debido a que Puebla, junto con Chiapas, Durango, Guerrero, Oaxaca y Veracruz son las entidades con mayor rezago educativo y a pesar de ello los maestros que participan en las recientes movilizaciones pretenden dejar sin clases a sus alumnos.
Las reformas planteadas pretenden evitar que funcionarios incompetentes y “lentos para solucionar los problemas” sigan siendo mantenidos por el estado y, dijo la legisladora, reducir el aparato burocrático en la Secretaría de Educación Pública (SEP), principal problema causante de que los maestros salgan a las calles.
La representante social lamentó que en el país se destine menos de 5 por ciento del gasto nacional a la atención del analfabetismo y alfabetismo, que en México asciende a 33 millones de personas. Indicó que cada año, entre 100 mil y 140 mil mexicanos no ingresan a la escuela por vivir en zonas marginadas o alejadas de ciudades, de esta cifra 20 mil son jóvenes de entre 15 y 19 años.
El país, señaló la representante social, necesita una educación de calidad y competitiva que rinda cuentas de su desempeño. López Balbuena propone, a través de las reformas a las fracciones IX y X del artículo 3 de la Constitución, un nuevo modelo educativo, teniendo en cuenta la capacitación del personal, la innovación pedagógica y la inversión en infraestructura escolar.
Además pretende que el artículo 75 de la Ley General de Educación imponga infracciones a quienes prestan servicios educativos, por expedir certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes no cumplan los requisitos aplicables; así como realizar actos que impliquen la venta o traspaso, a través de la obtención de un beneficio económico o de forma hereditaria, de plazas sindicales para desempeñarse como trabajador de la educación.
