El conflicto magisterial de Puebla lleva más de una semana sin que se vislumbre una solución. Una de las demandas de los profesores es que se elimine la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), la cual fue impulsada por el gobierno federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Hasta ahora la postura del gobierno del estado es que no intervendrá en el conflicto por tratarse de un problema gremial. Sobre todo por la exigencia que ha hecho el SNTE de que se use la fuerza pública contra los mentores que tienen ocupados los edificios sindicales. Esa actitud es correcta. Sin embargo, las autoridades tampoco pueden permanecer pasivas y no hacer nada frente a las demandas de los profesores, sobre todo en el tema de la Alianza por la Calidad Educativa.
El Poder Ejecutivo debería aprovechar el clima de malestar que existe frente a ese acuerdo para hacer una revisión del mismo, el cual tiene aspectos positivos, como es el intento de eliminar que las plazas de docentes se hereden; pero también tiene aspectos negativos, como ser un proyecto que no define un perfil de maestros y alumnos que necesita el país, ni se sabe qué miden los exámenes de calidad que ahí se proponen.
La ACE tiene como propósito fundamental entregarle al SNTE la definición de políticas educativas y el sindicato solamente tiene una visión política del tema. Ese esquema es inaceptable.
Pero también debe quedar claro algo; si la ACE se anula o continúa, las autoridades de Puebla no tienen alternativas para mejorar la educación, y esa es una situación que debería causar más preocupación que si se resuelve favorable o desfavorablemente el conflicto magisterial a favor de la disidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
