El dictamen sobre si Antonio Juárez Acevedo violó la ley por ser al mismo tiempo presidente de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) y secretario general de la agrupación política Plataforma Cuatro tendrá un mayor retraso por el proceso de grafología que determina si es suya la firma que plasmó en documentos oficiales de Plataforma Cuatro. Este alargamiento provocará que antes de que se determine si es responsable o no, concluya su periodo como presidente de la Comisión de Acceso a la Información Pública, en cuyo caso el Congreso evitará enjuiciarlo.
En una breve rueda de prensa, Eduardo Rivera Pérez, coordinador de la fracción del Partido Acción Nacional, explicó que el motivo de la nueva demora es que el funcionario será citado por la Comisión de Gobernación para que muestre la forma en que hace su firma ante los dos peritos que investigan su caso y, de esta forma dictaminen si los documentos en los que aparece su rubrica pueden ser considerados como prueba de que violó la ley.
La solicitud fue hecha por el especialista que propuso Antonio Juárez Acevedo. Eduardo Rivera Pérez dijo que después de ello los dos peritos decidirán en un plazo de cinco días si la rubrica que aparece en los documentos que inculpan al funcionario, pertenece a él.
Pero Eduardo Rivera Pérez indicó que esta estrategia provocará un retraso mayor, ya que la resolución de los peritos será diferente, pues uno de los especialistas es el propuesto por el inculpado y el otro el que nombraron los diputados. Por este motivo, tendrá que solicitarse la participación de un tercer especialista en discordia.
Sin embargo, el proceso para nombrarlo se prolongará, ya que deberá esperarse que la instancia correspondiente designe al grafólogo, el Congreso le tome protesta y que el Instituto Federal Electoral decida mostrarle los documentos correspondientes, aseguró el representante social.
El cordinador del Partido Acción Nacional en el Cogreso local consideró que este retraso permitirá que Juárez Acevedo aproveche el término de funciones de su compañera –este año–, la comisionada Josefina Buxadé Castelán, y también él deje el cargo sin que el Congreso termine de determinar si es culpable o no por la violación a las leyes ya referidas.
En tanto, Pablo Fernández del Campo, presidente de la Comisión de Gobernación, rechazó que se esté retrasando el procedimiento. Lo único que la comisión que preside ha buscado, dijo, es que se siga el procedimiento legal. Aseguró que se votó por unanimidad el acuerdo de citar a Juárez Acevedo para que muestre su firma y que está obligado a acudir, de lo contrario la prueba quedaría inmediatamente desechada.
Informó que esta prueba pericial es la última de las 18 que presentó Juárez Acevedo para defenderse y una vez concluida iniciará la discusión sobre su culpabilidad, ya que debido al procedimiento, los diputados de la Comisión de Gobernación se han constituido en jueces del titular de la Comisión de Acceso a la Información Pública. No obstante, no precisó tiempos.
