La junta auxiliar de San Andrés Azumiatla se ha convertido en un foco rojo debido a que cada vez crece más la oposición de los campesinos de esa zona del sur del municipio de Puebla al despojo de mil 851 hectáreas, acto presuntamente perpetrado por la familia Grajales, dedicada al negocio radiofónico en esta capital, la cual “instaló casetas de vigilancia con gente armada”.
Así lo señaló Hilario Alonso Flores, líder de la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM), organización que está encabezando la defensa de más de 200 labriegos perjudicados por juicios civiles en vez de agrarios. La agrupación se manifestó ayer de nueva cuenta para denunciar lo que está ocurriendo en Azumiatla, así como la reticencia de la Secretaría de Gobernación del estado de Puebla para establecer una mesa de diálogo que atienda el conflicto.
Además de campesinos de esa demarcación, también acompañaron a esa marcha campesinos que enfrentan problemas de posesión de tierras en las regiones de Atlixco, Sierra Norte y el oriente del estado, así como el diputado federal del PRD Salvador Ruiz Sánchez, integrante de la comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados; en total, unos 100 integrantes de la UGOCEM marcharon del Paseo Bravo a Casa Aguayo, pasando por el zócalo de Puebla.
“Los que se dicen dueños ya empezaron a fraccionar para poder construir residencias donde antes había tierras de cultivo; hay unos caminos y pusieron unas casetas de vigilancia con gente armada; son guardias blancas. No podemos asegurar que haya sido la familia Grajales quien haya puesto a esa gente, pero queremos evitar un enfrentamiento. Acudiremos con la senadora Rosario Ibarra de Piedra, presidente de la comisión de Derechos Humanos del Senado, para solicitar su intervención”, afirmó Alonso Flores.
La UGOCM inició un litigio en el tribunal agrario número 47, el 389/2008, y el pasado 6 de octubre fue la primera audiencia a la que no asistieron los representantes de la familia Grajales. El líder campesino afirmó que para demostrar la pertenencia de esos predios, los ejidatarios tienen documentos que datan de 1727; es decir, de la época virreinal.
“Demandamos la suspensión inmediata de los trabajos de construcción hasta que se aclare la situación. Vamos a pedir que se presenten (los empresarios) porque sabemos que tienen documentos del Registro Público de la Propiedad, pero esos carecen de validez, son simulaciones de compraventa y de algunos juicios de usucapión”, agregó.
Alonso Flores indicó que por “simulaciones” se refiere a que las autoridades del estado fueron “sorprendidas”, y que coludidos con algunas autoridades civiles y de los juzgados locales hicieron que los empresarios resultaran favorecidos en juicios por la posesión de la tierra.
