Regidores del PRI y del PAN estuvieron de acuerdo en instruir al ayuntamiento a que solicite a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) las reglas de operación que se deben seguir para cambiar el uso del suelo en la reserva territorial Atlixcáyotl–Quetzalcóatl. Algunos de los representantes sociales que tomaron esta determinación dijeron que la medida serviría para dar certidumbre jurídica al manejo de los predios en esa zona.
Acerca de esta solicitud, es fundamental que exista una vigilancia para evitar que dichas reglas se utilice en detrimento de las pocas áreas de preservación ecológica que quedan en la reserva territorial. Es fundamental exigir que el interés mostrado por los regidores en el tema sirva para frenar los abusos que se han cometido en la zona en cuestión.
Se supone que la existencia de dichas normas y la regulación de la Sedesol de la reserva evitaría que los predios de esa área se utilizarán para fines distintos a los que están asentados en una declaratoria pública que se elaboró desde hace dos sexenios. Sin embargo, esas restricciones han sido objeto de constantes violaciones, ya que importantes construcciones de la zona de Angelópolis, que se entregaron a inversionistas privados se realizaron en predios que se supone estaban destinados a ser áreas de preservación ecológica y no podían tener otro uso.
Esos cambios arbitrarios al uso de suelo se dieron como consecuencia de la complicidad entre empresarios y servidores públicos. El resultado de dichas operaciones daña los intereses colectivos de la sociedad poblana. Los actuales regidores del ayuntamiento de Puebla y de municipios vecinos tienen la obligación legal de impedir que eso siga ocurriendo.
