Con la invención de futuros de papel y estados contables alterados, los CEO (Chief Executive O fficer) crearon las condiciones de recesión que vive el mundo, lo mismo puede suceder con la administración pública.
La llegada de los panistas al gobierno hizo que estos trasladaran muchos de los criterios de la administración privada para regular la actividad del Estado, entre otros el pago de altos salarios a los gerentes “sociales” o CEO.
El argumento es que con ello se evitaba la corrupción, además de que estarían sujetos a evaluación. La experiencia ha demostrado que a la mayor parte de ellos se les ha pagado en demasía.
La profesionalización del estado en acción dejó la responsabilidad de definir las remuneraciones de sus dirigentes a los cabildos, las comisiones de administración, los consejos o las juntas de gobierno.
Estas entidades, sin tener en cuenta ningún referente más que el presupuesto público, determinaron asignarse la mayor parte de éste a sueldos, salarios y bonos, en razón de que estaban en sus manos la decisión.
Nadie puede llamarlo corrupción, porque las percepciones han sido autorizadas y avaladas por un órgano de gobierno, es simple y llanamente ambición e irresponsabilidad.
Para nadie es secreto que los funcionarios públicos ganan cuando menos mil veces el salario mínimo, y lleguen a extremos indignantes en que rebasan los 50 mil salarios mínimos mensuales.
De no establecer criterios racionales, los funcionaros públicos consolidarán su estatus de asalariados de oro, mientras los que les pagan vivan en la inopia.
