Un día después de que se descubrió que en Lara Grajales en una casa de seguridad habían sido secuestrados y torturados indocumentados centroamericanos, han aparecido más evidencias de que están involucrados agentes de la policía de ese municipio, y por esa razón cinco integrantes de dicha corporación huyeron.
Este caso muestra la indolencia y negligencia de varias autoridades en el tema del respeto a los derechos humanos, el cumplimiento de sus funciones y el tratamiento que se da al tema migratorio.
Para empezar, es reprobable la actitud del edil de Lara Grajales, Juan Torres Altamirano, quien estaba ausente del municipio el día en que los migrantes lograron huir de sus plagiarios y demostró que en su lugar no había nadie que pudiera resolver un conflicto. Las autoridades locales se vieron rebasadas y no atendieron el problema, pese a que la casa de seguridad en donde estaban retenidos los indocumentados se encuentra a un par de calles del ayuntamiento.
También es claro que el Instituto Nacional de Migración y otras autoridades federales poco han hecho contra las bandas delictivas que se dedican a atacar a migrantes mexicanos y extranjeros, de las cuales se ha alertado que están creciendo, que son igual de peligrosas que los grupos dedicados al narcotráfico y que muchas veces actúan en complicidad con funcionarios públicos que se supone deben combatirlas.
Lo que pasó en Lara Grajales es una muestra de cómo en México se violan los derechos humanos de indocumentados que provienen de Centroamérica y Sudamérica, pero las autoridades de los tres niveles de gobierno no hacen nada para frenar esos abusos, que en ocasiones son peores a los que sufren connacionales en la línea fronteriza con Estados Unidos.
