San Pedro Atlixco, San Juan Tianguismanalco– Aquí, literalmente escondidos entre cerros verdes y decenas de hectáreas de amaranto, medio centenar de integrantes del Comité Campesino e Indígena del Valle de Atlixco (CCIVA), que aglutina a productores del campo de varios municipios de la región, adelantaron las manifestaciones y los reproches por el próximo 12 de octubre, Día de la Raza.
En un acto celebrado en medio de mazorcas de maíz y de todo tipo de productos emergidos del campo, Manuel Marín Cortés, uno de los líderes de ese organismo que llegó de la comunidad de Cohuecan, abrió pasó a los discursos: “Octubre debe ser considerado como el mes de la resistencia indígena y popular. Ya no es posible permitir que el Estado mexicano criminalice la movilización social de los pueblos que defienden sus territorios y su vida”.
Sobran razones, arengó, para explicar por qué esta convocatoria. “Llevamos más de 500 años reclamando nuestros derechos ancestrales, el territorio y nuestra autonomía. Octubre representa para el mundo no indígena la celebración de un descubrimiento y encuentro de dos mundos; pero por el contrario, para nosotros significa exterminio, colonialismo y sumisión”.
No únicamente los pueblos indígenas, asumió el líder, sufren las consecuencias de políticas nacionales e internacionales que están al servicio del gran capital. “Hablamos de estrategias expresadas en el deterioro de los derechos fundamentales como la educación, salud, vivienda y lesión de los derechos sindicales. Todo esto nos lleva a un recorte de libertades democráticas, de pérdidas de territorios para los indígenas y campesinos. A cambio, surge la concentración de la riqueza en manos de pocos y generalización del hambre en los barrios, comunas, veredas, y comunidades de nuestro país”.
Somos testigos, dijo, de un proceso de desarticulación de los movimientos sociales a través de políticas de cooptación, de la estigmatización y criminalización, así como el exterminio físico de los dirigentes. “Frente a esa realidad, nosotros estamos en la lucha para seguir defendiendo una agenda nacional de los sectores sociales y populares. En estos momentos, el pueblo mexicano de diversas formas está haciendo resistencia a los embates de la delincuencia organizada”.
Miguel Luna, otro miembro del CCIVA, proveniente de la región de Tochimilco, hizo un llamado a los indígenas, campesinos y sindicatos a unirse para luchar. “Es una batalla en contra del hambre y en contra del voraz sistema financiero. Los trabajadores exigen un salario y condiciones dignas; los jóvenes y estudiantes luchan por el derecho a la educación y a tener un futuro en este país. Y nosotros los pueblos marginados seguimos liberando la madre tierra y defendiendo los territorios”.
Por décadas, soslayó, “los indígenas hemos denunciado esta estrategia oficial de utilizar a bandas para exterminar a los movimientos sociales. Bajo el contexto anterior, los pueblos indígenas estamos convocando a que octubre sea un mes de jornadas de protestas sociales y de reivindicaciones de lo siguiente: olvido de los indígenas y la criminalización de los movimientos sociales; la negación de nuestros derechos como pueblos indígenas nos han llevado por el camino resistencia civil y protesta pacífica”.
Una demanda sentida, urgió, es que los sectores desfavorecidos urbanos y rurales, campesinos y pueblos indígenas tengan territorios y vivienda. “Tampoco podemos olvidar la importancia de pedir la expulsión inmediata de las multinacionales y trasnacionales de los territorios porque son generadoras y cómplices de la violación de los derechos de trabajadores”.
De ahí, agregó, la sugerencia a “todos los movimientos sociales y sectores en lucha a construir un pliego o agenda única por la defensa de los derechos y para poner fin a las políticas regresivas y antipopulares del actual gobierno federal. Hacemos un llamado especial a la unidad en la diversidad de todos los sectores a no dejarnos distraer y dividirnos por estrategias del gobierno y terratenientes de imponer o generar peleas entre nosotros mismos. El plan es cerrar filas; a solidarizarse con las luchas; a levantarnos en contra de los tratados de libre comercio y pelear por la defensa de la soberanía de los recursos naturales”.
Miguel Luna, quien tiene como especialidad la sociología, abordó una amplia gama de cuestiones de derechos humanos y los indígenas: “es fundamental una definición oficial; de igual manera determinar el papel de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales; asentar los principios básicos y la eliminación de la discriminación en materia de derechos humanos de esos grupos; y sobre todo enmarcar las áreas especiales de acción tales como la salud, la vivienda, la educación, la lengua o idioma, la cultura, las instituciones sociales, culturales y jurídicas, el empleo, la tierra, los derechos políticos, los derechos y práctica religiosos y la igualdad en la administración de justicia”.