La edil Blanca Alcalá Ruiz advirtió que la Comuna no autorizará nuevos fraccionamientos que no cuenten con los servicios urbanos. Sobre todo, indicó, se evitará que surjan conjuntos habitacionales en el sur de la ciudad, que es donde se ha desatado la especulación inmobiliaria como consecuencia del proyecto de rescate de la presa de Valsequillo.
Esta posición asumida por la edil de la capital debe ser aplaudida y respaldada, ya que los intereses económicos de los constructores, en administraciones pasadas, doblegaron a las autoridades para que se permitiera la apertura de fraccionamientos en áreas verdes o en zonas de riesgo, sin servicios públicos y en muchas ocasiones con las viviendas mal construidas.
Es fundamental apoyar la medida adoptada por Blanca Alcalá como una manera de frenar el crecimiento anárquico de la mancha urbana de Puebla, que está generando que disminuya la calidad de vida de amplios núcleos de la población.
Pero sobre todo, es una prioridad frenar la especulación inmobiliaria en el sur de la ciudad, en donde los campesinos siempre son las victimas al sufrir el despojo de sus tierras.
En el caso específico de San Andrés Azumiatla, en donde labriegos denunciaron que ya fueron despojados de 800 hectáreas, es necesario exigir que sea un tribunal agrario el que atienda la demanda de los campesinos que exigen la restitución de sus predios, los cuales han pasado a manos de los empresarios que encabezan la especulación inmobiliaria en torno al proyecto de Valsequillo.
