En los estados aún existe resistencia de los entes públicos por transparentar su información, aunado a que algunas leyes en la materia requieren de reformas para garantizar que los organismos encargados de vigilar su cumplimiento tengan facultades de sancionar y emitir resoluciones definitivas, aseguró el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), John Mill Ackerman Rose.
En el caso de Tlaxcala, especificó el especialista que la normatividad “tiene muchas cosas de vanguardia y otras realmente pésimas”, tales como que el solicitante de la información tiene que entregar una identificación oficial al pedir datos públicos y que el periodo de los comisionados es de sólo tres años.
“Para que el organismo sea garante de autonomía, los titulares deben tener periodos más largos que el Ejecutivo, de al menos siete años. El pedir una identificación para entregar los datos públicos viola los principios básicos del artículo sexto constitucional; una Ley de Acceso a la Información Pública no debe obligar identificarse, porque condiciona la respuesta al solicitante”, remarcó.
Tras disertar la ponencia “Más allá del acceso a la información: transparencia, rendición de cuentas y estado de derecho”, cuyo título corresponde al libro escrito por John Mill Ackerman, expuso que las resoluciones de una Comisión de Transparencia tienen que ser definitivas, de lo contrario “pierde razón de ser”.
Reiteró que la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala, debe contar con el respaldo jurídico para emitir fallos imposibles de impugnar y facultades para sancionar a los entes que incurran en opacidad.
El especialista aseguró que sin un marco legal sólido, las comisiones en los estados corren el riesgo de que sus resolutivos sean impugnados, cuya situación retrasa el conocimiento de la información pública, además al no tener la capacidad de sancionar, le tendrían que conferir esa responsabilidad al Poder Judicial.
Ackerman Rose abrió con su ponencia la Primera Semana Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se desarrollará del 6 al 10 de octubre en distintas sedes. Resaltó que hace falta que la sociedad aprenda a utilizar la ley de información como una herramienta contra la corrupción en los gobiernos.
Aseveró que en México se construyen las bases en materia de transparencia, pero en los estados debe quedar claro que los nombramientos de los comisionados deben ser ajenos a los gobierno en turno, de lo contrario es “un mal augurio”.
