De los 50 ediles que el PRI asegura que se han inconformado por la repartición inequitativa de los programas federales Oportunidades y 70 y Más, ninguno ha presentado una denuncia formal ante la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) federal, informó René Lezama Aradillas, nuevo delegado de la dependencia.
En su presentación ante los medios de comunicación, el funcionario dijo que quienes le acusen de desviar el dinero a través de dichas estrategias para favorecer al partido en el que milita o algún representante popular tienen la obligación de probar sus aseveraciones.
Aseguró que los programas sociales se entregan a los municipios de manera institucional, pues no hay posibilidad de un mal uso debido a que se tienen reglas de operación fijas y que el padrón de los beneficiados se encuentra en la página de transparencia de la Sedesol.
En días pasados, los diputados locales del Partido Revolucionario Institucional y el presidente de su Comité Directivo Estatal, Alejandro Armenta Mier, denunciaron que la aplicación de estos beneficios federales se hace con discrecionalidad y con intenciones electorales a favor del otrora priista Rafael Moreno Valle Rosas.
Cuestionado sobre la amistad que tiene con el senador panista, Lezama Aradillas dijo que como integrante del Partido Acción Nacional tiene relación con los distintos políticos de su partido, pero con ninguno hay una cercanía particular.
Lezama Aradillas recibe la delegación a tres meses de que acabe el año, durante el cual se han aplicado 356 millones de pesos de los 460 destinados para el ejercicio de 2008. Señaló que en los últimos días del año, siempre se incrementa el envío de fondos por lo que descartó el subejercicio presupuestal.
Al delegado se le preguntó sobre la veracidad de las afirmaciones del director del Fideicomiso de la Reserva Territorial Atlixcáyotl–Quetzalcóatl quien aseguró que la Sedesol sí otorgó el cambio de uso de suelo a distintos predios del lugar.
Rene Lezama respondió que no conoce a profundidad el acaso aunque señaló que es contradictorio que el fideicomiso intente modifique el Plan de Desarrollo Urbano, que la Secretaría de Desarrollo Social autorizara cambios en el uso de suelo sin una consulta ciudadana y sin que se revisara la compatibilidad de los distintos tipos de predios.
