Un grupo de campesinos de San Andrés Azumiatla denunció que el empresario Kamel Nacif, así como miembros de las familias Grajales y Pacheco, lo han despojado de unas 800 hectáreas de terrenos comunales mediante procesos legales que se debieron haber desahogado en tribunales agrarios pero se realizaron en juzgados civiles, lo que constituye una grave anomalía. Dijeron que esas tierras se quieren destinar a proyectos inmobiliarios relacionados con el rescate de la presa de Valsequillo.
Lo que pasa con las parcelas de San Andrés Azumiatla demuestra una vez más que los programas de reordenamiento urbano que emprende el gobierno son usados por empresarios –la mayoría de las veces en complicidad con altos funcionarios públicos– para apoderase de tierras de manera ilegal o para especular con el precio de los predios. Y siempre esos procesos son resultado de abusos contra familias campesinas que por lo general no cuentan con los medios legales y económicos para defenderse.
El modelo que sigue el gobierno para emprender grandes obras públicas o para llevar a cabo reordenamientos urbanos, lejos de beneficiar a la colectividad se han convertido en situaciones que provocan una mayor pobreza de las familias que son afectadas con expropiaciones o compras a precio catastral de sus predios o viviendas, por lo que las autoridades, en lugar de generar progreso, avalan la injusticia.
Con ello no se está descalificando la labor que deben realizar los tres niveles de gobierno para construir infraestructura, sino que es necesario en que se busque un nuevo esquema que evite ilícitos de empresarios y funcionarios, pero sobre todo que la gente que pierde sus propiedades inmobiliarias se vea beneficiada y no despojada.
