A lo largo de dos meses que lleva en el cargo, la ombudsman Marcia Maritza Bullen Navarro no ha podido emitir una sola recomendación, pese a que tuvo tres asuntos espinosos en sus manos. Esa deficiencia es resultado de que se ha rodeado de funcionarios que desconocen los procedimientos de investigación y no son expertos en el tema de los derechos humanos. Esa situación parece agravarse con su último nombramiento, que es el de la ex dirigente priista Concepción González Bretón como segunda visitadora.
La llegada de González Bretón –el viernes pasado– es un grave retroceso para la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) no solamente por no tener el perfil para ser visitadora del organismo, sino por los malos antecedentes que tiene esta mujer priista que fue nombrada funcionaria de la CDH por el simple hecho de que estaba desempleada.
Actualmente la CDH tiene como sus dos visitadores generales a personajes que hasta antes de entrar al organismo no tienen ni siquiera un diploma que avale algún curso rápido en derechos humanos. Eso no había pasado desde que se fundó el organismo, ya que por ser el área neurálgica de la comisión, ahí siempre se tuvo a gente experta en la materia. La llegada del ex presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE), Alejandro Necoechea Gómez –quien la semana pasada fue movido de la segunda a la primera visitaduría–, y de Concepción González Bretón, se da por una orden salida desde la Secretaría de Gobernación.
Como secretaria de Acción Electoral del PRI, González Bretón se caracterizó por haber sido una dirigente mesurada y de trato cordial, pero su trabajo no era relevante, ya que no está acostumbrada a usar las nuevas tecnologías que en el presente se emplean para planear el trabajo en actividades políticas.
Una vez que concluyó la gestión de Valentín Meneses como presidente estatal del PRI y Alejandro Armenta llegó a ese cargo, Concepción González no fue ratificada y quedó desempleada. Sin embargo, como pago al desempeño que tuvo en la victoria priista de 2007 –que se debió al trabajo de Javier López– le dieron chamba en la CDH, lo cual demuestra la pobre valoración que en el Poder Ejecutivo tienen de la Comisión de Derechos Humanos.
Antes de que fuera dirigente priista, fue parte del Poder Judicial, en donde salió por problemas con unas fianzas. Su último cargo fue en el Juzgado Segundo de lo Civil y estuvo involucrada en una investigación que fue dirigida por la magistrada Margarita Palomino Ovando.
A lo largo de muchos años, también se ha desempeñado como catedrática de la Facultad de Derecho de la UAP, en donde no se ha destacado por su calidad como académica sino por su constante ausentismo, ya que siempre está de licencia.
Los visitadores de la CDH tienen que ser funcionarios sensibles, ajenos a intereses políticos, expertos en el tema de la defensa de los derechos humanos y ser tolerantes. Con la llegada de un ex presidente del Instituto Estatal Electoral, del que siempre se le consideró ser proclive al PRI, y de una ex dirigente priista desempleada, pareciera que el organismo es una especie de asilo para miembros o simpatizantes del tricolor en desgracia.
Pero además, ambos tienen el oscuro antecedente de que no salieron bien librados de sus anteriores trabajos. Es decir, no tienen un buen prestigio.
Desde la pasada gestión de la CDH se estableció una meta de trabajo, consistente en que por lo menos cada mes el organismo debe emitir siete recomendaciones.
Ese programa siempre fue cuestionado ya que son muchas las quejas que llegan y son pocas las recomendaciones que acaba haciendo la comisión.
Ahora, resulta que Marcia Bullen no siquiera ha podido cumplir con esas metas parciales. En los dos meses que lleva, no se ha hecho una sola recomendación. Es decir, lleva un atraso de por lo menos 14 documentos.
En la página de internet de la CDH se informa que en las últimas semanas se autorizaron cinco recomendaciones dirigidas a los ediles de Chiautla de Tapia, Coronango y Tehuacán, así como la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Poblano de la Vivienda. Los documentos están firmados por la actual ombudsman y eso hace suponer que está ofreciendo un trabajo eficiente. Eso es mentira.
Las investigaciones de las cinco recomendaciones en cuestión se concluyeron cuando el presidente de la CDH era José Manuel Cándido Flores Mendoza y únicamente faltó que las firmara el titular del organismo, algo que ya no ocurrió. Lo que hizo Marcia Bullen fue solamente llegar a plasmar su rúbrica.
Navarro Bullen tenía como pruebas de fuego tres asuntos: el atentado contra la vida del diputado José Manuel Pérez Vega, la agresión que sufrió el periodista Julio Martínez Rivera y la muerte de un detenido en los separos de la Policía Judicial. De ninguno de los tres asuntos se ha avanzado.
En el caso de Pérez Vega ya se cebó, pues que puede decir la CDH luego de casi dos meses de haber ocurrida la agresión, que se investigue a los policías que estuvieron en la emboscada contra el legislador. Dichos uniformados ya están detenidos y sujetos a un proceso penal. Es decir, la comisión ya no tiene nada que hacer, solamente tuvo una presencia de ornato en dicho asunto.
Hace algunas semanas, cuando los miembros de la Brigada 68 fueron a la CDH a presentar una queja contra el cabildo de la ciudad de Puebla por que se negó a cambiarle el nombre al bulevar Gustavo Díaz Ordaz –el mayor genocida del México contemporáneo– los atendió Alejandro Necoechea Gómez.
Uno de los quejosos le dijo que “tú eres priista no vas a hacer nada; no podemos confiar en ti”, a lo cual el ex presidente del IEE y en ese entonces segundo visitador de derechos humanos, no refutó que le llamaran miembro del tricolor, sino que no tuvieran la suficiente confianza en la CDH.
Necoechea les ofreció prontitud para atender la queja. Los miembros de la Brigada 68 con escepticismo le entregaron la petición que llevaban.
Ya pasó el 2 de octubre y la CDH brilló por su ausencia. No hizo nada. Y lo más seguro es que nada hará.
Necoechea demostró que mentía.
Y la CDH que no va a actuar contra el status quo de la derecha poblana.
