La Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local presentó su iniciativa de Ley de Deuda Pública, a través de la cual deja abierto el plazo que tendrían el gobierno del estado y los municipios para saldar sus créditos, propone otorgar facultades a éstos para reestructurar sus pasivos a largo plazo y bursatilizar el financiamiento que reciban.
El candado que plantean los diputados poner a la facultad del gobierno estatal y de los ayuntamientos para adquirir financiamiento hasta por 20 y 15 por ciento de su gasto, respectivamente, es que los recursos crediticios sean “invariablemente a inversiones públicas productivas”, que no se usen para gasto corriente y que se sustenten en proyectos que deberían validar los integrantes del Poder Legislativo.
Este martes, los integrantes de la referida comisión presentaron la iniciativa, la cual, por cierto, está plagada de faltas de ortografía y contradicciones, al grado que renombraron al máximo órgano judicial del país al designarlo “Suprema Corte de Justicia de la Unión (sic)”.
El presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, Florentino Flores Xelhuantzi fue el encargado de presentar la propuesta, misma que pretende normar la ampliación del candado de endeudamiento que pesaba sobre Tlaxcala y que con la reciente reforma constitucional tomó otros alcances.
De inicio, la propuesta plantea que todos los municipios y el gobierno del estado tendrán la posibilidad de acceder a financiamiento, con la salvedad de que “se procurará un equilibrio financiero, por lo tanto la programación, contratación y pago de los financiamientos se deberá ajustar a la capacidad de las entidades públicas que los requieran.
La Secretaría de Finanzas establecerá la metodología para poder determinar la capacidad de pago y endeudamiento de las entidades públicas del estado de Tlaxcala”.
Respecto al sentido de la deuda, los legisladores quieren establecer que sólo se permitirá ésta cuando se destine a inversiones productivas y se considerará como tales la construcción de obras públicas, adquisición o manufactura de bienes o servicios cuyo pago se pacte a plazos, creación de infraestructura y equipamiento, adquisición de bienes inmuebles para servicio público y las que se destine a la atención de situaciones de emergencia derivadas de desastres naturales o contingencias climatológicas, entre otras.
Para que las entidades públicas puedan acceder a la facultad constitucional de gestionar deuda, tendrán que contratar instituciones calificadoras de valores, a “efecto de que emitan su opinión respecto de su calidad crediticia y de los mecanismos de pago de los empréstitos”.
Además, tendrán que presentar al Congreso del estado el proyecto para el cual se destinará la deuda, mismo que deberá contar con información como: costo–beneficio de la obra, definir las partidas presupuestales que se afectarán con el crédito, el dictamen financiero que defina la capacidad de pago del solicitante y el nombre de la institución con la que ejercerían el préstamo.
Para el caso de los ayuntamientos también se aplicarían los mismos requisitos, con la salvedad de que estos tendrán que “demostrar que están al corriente en la rendición de su cuenta pública ante el Congreso”.
Otro de los aspectos que incluyeron los diputados es la facultad que tendrían los municipios y el gobierno del estado para modificar los plazos de los créditos, sin autorización del Legislativo, con “el objeto de lograr mejores condiciones de plazo, tasas de interés, comisiones o reducir las cargas financieras… se sustituiría la deuda de mediano plazo por la de largo plazo”.
Además, como ocurre ya en otras entidades, los integrantes de la LIX Legislatura local pretenden bursatilizar la deuda, “a través de la emisión de valores en el mercado mexicano en la materia, a través de la emisión de bonos, certificados bursátiles ordinarios u otros títulos de deuda que el Estado emita en serie o en masa y que estén destinados a circular en el mercado de valores”.
La propuesta de ley quedó en primera lectura.
