Niños indígenas en el estado son víctimas del tráfico sexual provocado por la ignorancia de sus padres y la falta de tribunales especializados en el derecho para este sector de la población, aseveró Amalia Cabildo Espinosa, perito tercero en discordia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Lo anterior formó parte de la ponencia que la funcionaria presentó en la mesa 4 de los Foros de Participación Ciudadana para la Reforma en Materia de Justicia Penal y Seguridad Pública, titulada “La Administración de Justicia en Puebla”. En su presentación ante diputados y miembros del TSJ, Cabildo Espinosa, propuso la instalación de “Juzgados de Indios”, que serían tribunales de mediación para la administración de justicia hacia la población indígena.
La funcionaria reveló que en el transcurso de su experiencia profesional ha observado como las personas de escasos recursos y de ascendencia indígena venden o regalan a sus hijos para disminuir su estado de pobreza a pesar de que la ley no permite tal acción.
Aunque no precisó el número de casos que durante su ejercicio como perito del TSJ ha visto, dijo que han sido “muchos” y que en un considerable porcentaje de éstos, extranjeros que vistan el país han intentado comparar a los infantes con fines de explotación sexual. Comentó que hace dos semanas observó como un norteamericano le pidió a una indígena que mendigaba en el centro de la capital que le regalará a su hija.
Cabildo Espinosa dijo que la mayor parte de este sector de la población enfrenta abusos de la autoridad debido a la diferencia de idiomas, la falta de recursos y la poca educación que reciben los indígenas.
Sobre la de información, la funcionaria del TSJ dijo que en la mayoría de los casos que ha participado, los indígenas no tienen conocimiento de la existencia de los defensores sociales y, sin juicio previo, son encarcelados por delitos que no cometieron.
Señaló que como el proyecto de los “Juzgados de Indios” aún es una propuesta, depende del TSJ que se investigue la viabilidad, el número de indígenas y el recurso que podría ser destinado a la creación de estos juzgados. Rechazó tener conocimiento del funcionamiento de los tribunales de Zacapoaxtla y Pahuatlán, que atienden estos asuntos, pero aseguró que su propuesta pretende lograr la especialización de la justicia para de los indígenas.
También sugirió la posibilidad que la justicia civil aborde asuntos militares para evitar que algunos queden sin sanción, tal como ocurrió con el caso de Mario Arturo Acosta, general del Ejército que enfrenta los delitos de narcotráfico y homicidio. El militar, dijo, no ha sido encarcelado.
