La donación onerosa que mediante una escritura pública transmitió a Ricardo Henaine Mezher 18.7 hectáreas de la reserva territorial Atlixcáyotl–Quetzalcóatl –perteneciente al ejido de San Andrés Cholula– y que fue hecha por Melquiades Morales Flores cuando era gobernador de Puebla, no tiene existencia jurídica, aseguró Carlos Meza Viveros, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI.
En entrevista con La Jornada de Oriente, dijo que el ex mandatario contravino las Declaratorias de Usos y Destinos y el Programa Subregional de los cuatro municipios de la zona –Puebla, Cuautlancingo, San Andrés y San Pedro Cholula–, que establecen que los usos de suelo sólo podrán modificarse por acuerdo de la Sedesol, el gobierno del estado y el municipio involucrado.
Afirmó que los artículos 45, 47 y 48 de las Declaratorias de Provisiones Reservas, Destinos y Usos de Predios y Áreas establecen que cuando los espacios de la reserva sean puestos en venta o sean objeto de una transmisión de la propiedad, el gobierno del estado y los municipios tendrán “derecho de preferencia” para adquirir los terrenos. Los notarios u otras autoridades administrativas deberían notificar al gobierno del estado y al municipio el monto de la operación, a fin de que utilicen su “derecho de preferencia” si lo consideran conveniente.
Pero ya que el notario público 31, que dio fe de la donación onerosa a Ricardo Henaine Mezher no verificó ante las dependencias correspondientes que el predio donado no obtuvo en el Registro Público de la Propiedad el certificado sobre la declaratoria de reserva territorial, la donación y su posterior protocolo es un acto jurídico inexistente. Esto porque cuando se hizo la entrega, el predio era propiedad del fideicomiso con un uso de suelo de naturaleza social.
A causa de lo anterior, el dirigente municipal del PRI afirmó que la compraventa del inmueble no podría efectuarse, “so pena de nulidad”, y tal acto no produciría efectos jurídicos, pues contravendría la declaratoria de la reserva territorial.
Sobre la posibilidad planteada por el diputado del PAN, Manuel Janeiro Fernández, quien señaló que el gobierno federal puede retomar la propiedad del Parque Metropolitano –y toda la zona Atlixcáyotl–Quetzalcóatl, debido al uso que el gobierno del estado le ha dado ha dicho espacio, según la clausula quinta del Convenio de Transferencia de Reservas Territoriales, Carlos Meza declaró que tal situación es falsa.
Aseguró que de acuerdo a los decretos expropiatorios de 1992, el Decreto de Usos y Destinos, y el Convenio de Transferencia de Reservas Territoriales –también citado por los panistas– la propiedad ya pertenecía al gobierno del estado antes de la declaratoria de la Secretaría de Desarrollo Social a la que hacen alusión los albiazules, pues ésta fue hecha en tiempo del gobernador Mariano Piña Olaya.
A causa de ello, el dirigente del PRI les sugirió a los legisladores del PAN que revisen toda la normatividad jurídica, pues en lugar de conducirse por la legalidad, buscan obtener un beneficio político de los errores de Melquiades Morales, en este caso, la donación onerosa hecha a Ricardo Henaine Mezher. Incluso los retó a una discusión legal respecto al tema.
En la clausula tercera del convenio de transferencia ya mencionado –el cual forma parte de un expediente reunido por Meza Viveros, y al cual tuvo acceso La Jornada de Oriente–, en la primera norma, se señala que las promesas de venta o cualquier acto que tenga por objeto transmitir la posesión de propiedad y usufructo son posibles siempre y cuando se haga la aprobación publicación y registro del Programa Parcial de Crecimiento, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Según los panistas, la Sedesol federal podría retirarle la posesión del lugar al gobierno estatal fundamentándose en que la administración pública local ha hecho un uso indebido del predio, pero debido a que en la clausula tres del convenio de transferencia sí se contempla la venta, la administración estatal no ha usado indebidamente dicho lugar.
