La presidente de México Unido contra la Delincuencia, María Elena Morera, aceptó que durante este año la organización recibió recursos del gobierno federal por 3 millones de pesos para el programa “Cultura de la legalidad”, pero justificó que ese presupuesto no altera la evaluación hacia las autoridades sobre el tema de la inseguridad.
Tras la ponencia “Responsabilidad ciudadana en seguridad pública”, que presentó a los socios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), María Elena Morera reconoció que la organización acepta fondos del gobierno federal “como todas las instituciones que tienen registro para recibir donativos”.
El año pasado recibió 1.3 millones de pesos, y en 2008 la cantidad aumentó a 3 millones de pesos. Aseguró que estos recursos fueron destinados a programas como carteles y a programas específicos como “Cultura de la legalidad” que no altera en nada las evaluaciones que México Unido contra la Delincuencia hace de las autoridades. Junto con las donaciones privadas, el grupo ha llegado ha obtener hasta 30 millones de pesos al año, “todo está en la página de la organización”, manifestó María Elena Morera.
Consideró que no existe un conflicto de intereses entre la función que realiza en México Unido y la gestión que lleva a cabo su hijo en la Secretaría de Seguridad Pública, ya que la organización que representa sigue igual de crítica hacia el gobierno y las autoridades. Añadió que tras el secuestro de su esposo ella decidió luchar como activista, mientras que su hijo Juan Pablo Galindo cree que se debe trabajar desde las instituciones.
María Elena Morera calculó que en México el 70 por ciento de los delitos no es denunciado, y el estado de Puebla ocupa el primer lugar en el número de averiguaciones previas que no se levantan por cada infracción cometida.
La representante de México Unido destacó que para acabar con el narcotráfico hace falta romper con las estructuras financieras de la delincuencia organizada y detener a la gente que está metida en la ilegalidad, sin importar que sean políticos o empresarios. Por lo que la propuesta de considerar a nuestro país como víctima de narcoterroristas puede ser viable para que México reciba apoyo internacional, ya que es un problema global.
