Las protestas magisteriales parecen diluirse de manera etérea. Aparecen en los medios como algo que sucede en otras latitudes y que no tiene ninguna relación con lo que acontece en la entidad de Zaragoza y sin embargo están ahí, a la vuelta de un recorrido o de un traslado a la ciudad de los palacios o a estados circunvecinos. Son cientos y llegan por miles, desquician el tráfico de la urbe más grande del mundo y se manifiestan lo mismo en el estado de Morelos que en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Quintana Roo, Guanajuato, Tlaxcala, Michoacán, Baja California, Jalisco, paralizan carreteras y “liberan” casetas de Capufe, se establecen en las inmediaciones de las oficinas gubernamentales y de las plazas públicas a pesar de las inclemencias del tiempo, generan protestas en torno suyo y otras muchas, muchas más que no escuchan, que no ven, que no sienten.
Afán de salvaguarda de por medio, suspenden actividades en sus centros de trabajo, afectan en defensa de sus derechos a quienes se supone constituyen el interés supremo de la patria –niñas, niños, adolescentes–, a sus madres y padres y amenazan con la realización de un paro cívico nacional y huelgas de hambre.
Movilizados en torno al repudio que les genera la Alianza para la Calidad de la Educación, descalifican la legitimidad de un proceso establecido de manera paritaria –Elba Esther Gordillo Morales, presidente vitalicia del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y Josefina Vázquez Mota, Secretaria de Educación Pública– para asignar mediante concurso de oposición “amañado”, según denuncian, plazas de nueva creación y vacantes definitivas y rechazan el dislate de la presidenta vitalicia lo que les permite externar el enojo que les provoca un posible cierre de las escuelas normales y de paso manifestar su repulsa al programa de fortalecimiento de las escuelas normales generado a partir de iniciativas de autoridades educativas centrales y a cualquier intento por certificar la calidad del trabajo que prestan a favor de niñas y niños, lo mismo que a los procesos de evaluación externa a los que pudiesen estar vinculados.
Tres constantes adicionales caracterizan las protestas de los trabajadores de la educación: la oposición a cualquier intento por privatizar la educación pública y el repudio a Elba Esther Gordillo Morales quien ha gobernado en gremio por casi dos década tras la deposición salinista de Carlos Jonguitud Barrios, dirigente de la institucional Vanguardia revolucionaria y la demanda por seguir manteniendo el control de las plazas que han de abandonar en el momento de su jubilación.
Pero y aunque incómodas, molestas y dañinas para quienes les han sido confiados –niños y niñas– y para la sociedad a la que afectan de manera directa sin el menor rubor, las protestas magisteriales permiten resaltar algunos elementos que violentan costumbres y ordenamientos previstos en la ley federal del trabajo burocrático; como aquella que señala que las plazas de nueva creación (programación detallada) se asignan en partes iguales a la organización sindical y a la institución y que por obra y gracia de la alianza por la calidad de la educación se entregan a partir del ciclo escolar 20082009, a esa gran bolsa presentada como logro de la jefa máxima lo mismo que la pretensión por incorporar a la misma, a las plazas generadas de manera local hecho que adicionalmente legitima una intromisión en la soberanía de los estados o la que establece derechos para los trabajadores que ocupan plazas vacantes definitivas y que adquieren derechos sobre ellas transcurridos seis meses de trabajo.
Sin duda alguna que no sólo las escuelas normales deben ser objeto de una profunda transformación para formar a los trabajadores de la educación que requiere la sociedad mexicana, ésta debe alcanzar al sistema de actualización de docentes para que, consecuencia de los malos resultados de su trabajo de por medio, se les dote de los conocimientos y las herramientas técnicas que requieren para el proceso de enseñanza aprendizaje en una sociedad globalizada como la de México, pero de ahí a desaparecerlas existe un gran trecho.
Las demandas de los maestros en contra de la privatización de la enseñanza deben ser soportadas por los resultados positivos del trabajo de quienes están al frente del proceso de formación de las nuevas generaciones y eviten así que madres y padres de familia opten por servicios prestados por particulares. La defensa de la escuela pública se hace con trabajo y con buenos resultados, no con demandas de corte político.
Las demandas cuyo objeto es el provocar el alejamiento de la dueña del gremio, podrían transformarse en requerimientos para que las autoridades competentes cumplan con los ordenamientos laborales, se dé paso a la libre adhesión de los trabajadores a los sindicatos que mejor les representen y a la competencia por la titularidad de las relaciones laborales, lo mismo que a la descentralización de un gremio sostenido más por voluntad del gobierno federal que por la de los propios interesados.
La demanda para vender o heredar una plaza se explica, mas no se justifica, por la complicidad de autoridades federales, locales con un gremio, representado por Elba I, que legaliza actos derivados de usos y costumbres perniciosas.
