Entre los dirigentes empresariales que participan en el Consejo para el Desarrollo Industrial, Comercial y de Servicios (CDICS) –que maneja el Impuesto Sobre la Nómina (ISN)– existe un fuerte malestar contra la actuación que en ese órgano han tenido tres de sus homólogos: Juan José Rodríguez Posada, Rogelio Sierra Michelena y Eduardo Kuri Chedraui, de quienes se considera han sido cómplices de una mala utilización de los fondos y sobre todo, que se convirtieron en comparsas de los intereses gubernamentales para apoyar proyectos que no aportan ningún beneficio social o económico.
Por esa razón se ha buscado acotar el poder que Rodríguez Posada, Sierra Michelena y Kuri Chedraui tenían en el CDICS, excluyéndolos de la conformación del Fideicomiso del Consejo para el Desarrollo Industrial, Comercial y de Servicios que se creó hace un mes, el cual es la instancia que se encarga de administrar los cuantiosos fondos que se captan del ISN y se debió haber constituido desde hace un par de años.
Los tres empresarios en cuestión lucharon para ser integrantes del fideicomiso, pero varios de dirigentes empresariales se opusieron y los dejaron fuera, aunque siguen participando en el Comité Técnico del CDICS.
Cuando Juan José Rodríguez Posada fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Rogelio Sierra Michelena fue presidente de Coparmex y Eduardo Kuri Chedraui se desempeñó como presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, se mostraron críticos del gobierno del estado y en ocasiones fue abierta su proclividad panista.
Pero cuando han participado en el CDICS han actuado al revés, su comportamiento es tendiente a los intereses del gobierno y por esa razón aprobaron proyectos, financiados con el dinero del Impuesto Sobre la Nómina, que en nada benefician al desarrollo industrial o económico del estado, como son:
Haber aportado 10 millones de pesos a la empresa Televisa para que trasmitiera el bodrio de programa llamado Premios Oye, 9 millones de pesos a la producción de la película La leyenda de la Nahuala, 14.4 millones de pesos para la cinta Arráncame la vida, el pago de costosas campañas de publicidad, estudios onerosos para edificar el nuevo recinto ferial y recientemente, aprobaron el pago de 28 millones de pesos para un ciclo de conferencias de apenas tres días de duración –llamado Ciudad de las Ideas– patrocinado por Televisión Azteca.
Mientras en el estado de Puebla se padece desempleo, docenas de empresas carecen de financiamiento blando para subsistir, miles de campesino no tienen medios para hacer productivas sus tierras y muchas empresas pequeñas no han sobrevivido a los embates de consorcios o el libre comercio, el impuesto del ISN que se debería utilizar para el desarrollo económico, se emplea en frivolidades y en negocios privados, como son los proyectos que benefician al dupolio de Televisa y Televisión Azteca.
Aunque lo más reprobable es que una vez más se demuestra que los dirigentes empresariales pierden su vena crítica cuando los hacen participe del negocio, ¡perdón!, digo del manejo del erario para hacer proyectos sociales o económicos.
Esos son los casos de Kuri Chedraui, Sierra Michelena y Rodríguez Posada que quedaron fuera del fideicomiso del CDICS, el cual quedó conformado por:
Yraclis Psihas Valdés, consejero de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación; Francisco Javier Sánchez Carpinteyro, ex presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo; Julio Barberán Fons, director general Grupo Hotelero Bada; Ángel Fernández Carbajal, director general Harinera la Moderna, SA de CV y Armando Adame Sosa, ex presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
El comportamiento convenenciero de los empresarios no es nada nuevo. Hace algunos años existía un organismo que se llamaba Junta de Mejoramiento Cívico, Material y Moral de Puebla que administraba el impuesto predial y servía para que un puñado de empresarios hiciera jugosos negocios y de paso no siguieran el camino de tomar posiciones antigubernamentales.
Dicho organismo era anti–constitucional y por esa razón fue desaparecido en el sexenio de Manuel Bartlett Díaz.
Ahora, con el CDICS se reproduce –guardando las proporciones– algo similar, pues aunque el consejo no es manejado exclusivamente por empresario, lo cierto es que eso justifica que a este sector se le otorgue la administración de un impuesto y que además, permita su gasto en proyectos anodinos.
Cuando se creó el CDICS se planteó que con participación de empresarios y representantes del gobierno se conseguiría:
“Incrementar los ingresos propios del gobierno; canalizar mayores recursos a la inversión productiva; incorporar a la sociedad en la toma de decisiones sobre las políticas públicas; ejercer los recursos públicos de manera clara y transparente, garantizando el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública; hacer que los poblanos sientan que al pagar sus impuestos éstos se traducen en beneficios que pueden ver y sentir; y generar una nueva forma de hacer gobierno, en donde la pluralidad, la tolerancia y el diálogo permitan la construcción de consensos”.
A más de dos años de que se plantearon esos propósitos, se puede evaluar que no existe transparencia en el manejo del ISN, ya que nadie sabe cuáles son los criterios que se utilizaron para aprobar proyectos a favor de Televisa o Televisión Azteca; y mucho menos la sociedad participa en la toma de decisiones, ya que los dirigentes empresariales son parte de una pequeña elite que no es representativa del grueso de la población o de la gente que se dedica a la industrial, el comercio o los servicios.
Al final el CDICS ha sido una especie de concesión del gobierno a la cúpula de organismos empresariales y quienes ahí participan, a nombre de esas estructuras, en reciprocidad son cómplices de proyectos poco benéficos para la colectividad.
