En el conflicto del mercado San Diego Manzanilla, el secretario de Gobernación del ayuntamiento de Puebla, Juan de Dios Bravo, ha demostrado su falta de respeto por la legalidad y que no actúa como un funcionario al servicio de la Comuna, sino pareciera que fuera empleado o cómplice de la organización Antorcha Campesina (AC).
El mercado en cuestión está siendo objeto de disputa entre dos agrupaciones. Una es la Organización Independiente Tianguis Popular San Diego Manzanilla, la cual se constituyó en el año 2002 y sus 160 integrantes pagaron al ejido de la Resurrección un millón 36 mil pesos por las dos hectáreas que ocupa ese centro de abasto. Es decir son los legítimos propietarios.
La otra agrupación es AC, que no ha pagado un peso por los predios y cuyos integrantes nunca han vendido en ese lugar, pero reclaman como suya el área que es objeto de la riña, debido a que se las ofreció de manera gratuita un ex dirigente de los auténticos propietarios del mercado.
Ante estas circunstancias ¿Qué debía hacer el secretario de Gobernación del ayuntamiento? Algo elemental, consultar al ejido que era el propietario del predio y preguntar a las autoridades de ese núcleo rural a quién vendieron los lotes, además de revisar la documentación oficial, para entonces determinar a que organización se debe otorgar la razón.
Contrario a este procedimiento, Juan de Dios Bravo se ha propuesto darle la razón a Antorcha Campesina, consistente en dos proyectos de resolución del conflicto. Uno que AC tenga el control de la mitad del mercado San Diego Manzanilla. O que se convoque a una votación entre los miembros de las dos agrupaciones y la que obtenga la mayoría, tenga el control de la directiva de dicho centro de abasto.
Ese sesgo de Juan de Dios Bravo –que se caracteriza por ser un funcionario gris– se notó desde hace un par de semanas, cuando gente de Antocha Campesina invadió el mercado y agredió a los locatarios que son dueños de los terrenos. La policía, obviamente por órdenes superiores, llegó a arremeter contra los agraviados y no les hizo nada a los autores del ataque.
Con estos antecedentes es claro que el secretario de Gobernación ve el mundo al revés, ya que la de la razón a quien no demuestra tenerla.
¿De qué sirve que un grupo de comerciantes tengan varios años de estar asentados en un lote?, ¿que actúen dentro de la legalidad?, ¿que hayan pagado puntualmente los terrenos adquiridos a unos ejidatarios?, si al final llega un funcionario y los ignora, para darle la razón a quien no puede ofrecer papeles, que de la noche a la mañana se ostenta como dueño de una propiedad que nunca ha ocupado ni puede demostrar que la compró legalmente.
Por actuaciones como la de Juan de Dios Bravo el principal problema del país –junto con el de la desigualdad social– es la impunidad, ya que se viola de manera sistemática las normas que se supone regulan la convivencia social. Y lo grave de esta situación, es que quienes no respetan la ley son las autoridades encargadas de aplicarlas.
Seguramente Juan de Dios Bravo prefiere darla la razón a Antorcha Campesina por fines de orden electoral, ya que esta organización milita en el PRI y seguramente el próximo año será una fuente importante de votos a favor de ese partido. Sin embargo, eso no justifica su actuación, la cual resulta altamente nociva para la sociedad en su conjunto.
Y no solamente el conflicto de San Diego Manzanilla muestra el poco respeto que sobre la legalidad tiene un funcionario municipal, sino también el titular de la Procuraduría General de Justicia de Puebla, Rodolfo Igor Archundia.
Resulta que los comerciantes de ese mercado compraron en dos partes el área del mercado. En la primera erogaron 730 mil pesos al ejido de la Resurrección y la segunda, fue de 306 mil pesos. Cuando esto ocurrió, eran encabezados por un hombre llamado José Gómez Santiago, quien se robó el último de estos pagos.
Cuando los agraviados lo descubrieron lo denunciaron a finales del año pasado por el delito de fraude y al mismo tiempo, volvieron a juntar los 306 mil pesos que les robaron para pagar a los miembros del ejido.
Es la fecha que la Procuraduría General de Justicia no hace nada contra José Gómez Santiago, que con toda impunidad y cinismo, le ofreció a integrantes de AC ocupar el mercado como si fuera suyo.
Cuando uno escucha estas historias, entiende perfectamente porque en el país se está incrementando la violencia, los abusos, la inseguridad, la ingobernabilidad y también el poco respeto a las instituciones.
